Santo Domingo.– Él Ministerio de la Mujer llamado a promover un debate informado y responsable sobre el proyecto de ley mirabal y sostuvo que la iniciativa no limita la libertad religiosa ni introduce una nueva definición del delito de feminicidio, ante los cuestionamientos que han surgido sobre algunas de sus disposiciones.
Según la institución, la propuesta busca fortalecer la respuesta del Estado ante la violencia contra las mujeres a través de mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y seguimiento institucional. Explicó que su propósito es facilitar la atención oportuna de las denuncias e identificar fallas que puedan poner en riesgo a las víctimas.
En cuanto a la libertad religiosa, Ministerio Señaló que el artículo 9, párrafo 17, establece que ninguna costumbre, tradición, creencia o consideración religiosa podrá utilizarse para justificar, tolerar o minimizar la violencia contra la mujer. Según su interpretación, esta disposición no prohíbe creencias ni castiga a las personas por sus convicciones, sino que busca evitar que sean invocadas para obstaculizar la protección de las víctimas.
Respecto al feminicidio, indicó que el artículo 106 refiere la pena de este delito y sus modalidades a la Código Penal. Por ello, sostuvo que la propuesta no establece en este artículo una nueva definición ni un régimen sancionador diferente, sino que busca reforzar la atención a las víctimas indirectas, especialmente a los hijos e hijas que se encuentran huérfanos.
La entidad explicó que entre las medidas propuestas se encuentran la incorporación de niños, niñas y adolescentes a programas de atención, la asistencia jurídica gratuita para determinados reclamos y la revisión institucional de casos para identificar posibles fallas. También mencionó disposiciones relacionadas con los derechos de herencia, la preservación de bienes y la protección de hijos e hijas.
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En cuanto a la perspectiva de género, la Ministerio Manifestó que su incorporación a la acción institucional permitiría reconocer relaciones de poder desiguales y estereotipos que pueden contribuir a la violencia. Aclaró que, desde su enfoque, este enfoque busca mejorar la evaluación de riesgos y la respuesta de las autoridades.
Asimismo, señaló que el artículo 91 propone que la retractación de la víctima no extingue por sí sola la acción penal ni determina automáticamente el cierre del caso. Según explicó, la medida pretende evitar que amenazas, dependencia económica o presiones familiares provoquen el abandono de una investigación, cuya continuidad debe estar sustentada en pruebas y garantías del debido proceso.
La organización también vinculó la iniciativa con los artículos 39 y 42 de la Constitución, relacionados con la igualdad y la integridad personal. En su opinión, ambas disposiciones apoyan la adopción de mecanismos para prevenir la violencia de género y proteger a las mujeres.
Finalmente, destacó que la propuesta incluye aportes legislativos de más de una década e incluye medidas dirigidas a mujeres que enfrentan barreras económicas, sociales o territoriales, así como a niñas y adolescentes expuestas a uniones tempranas y forzadas.
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