SANTO DOMINGO. – El Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeid) informó que el Ministerio de la Función Pública (MAP) ordenó el reintegro de varios servidores públicos que habían sido despedidos, tras denuncias de supuestas irregularidades en el Corporación de Acueducto y Alcantarillado Monseñor Nouel (Coramon)presentado en el programa de investigación “El Informe con Alicia Ortega”.
Según el DIGEIGestas acciones se dan luego de que la institución recibiera, en agosto de 2025, denuncias sobre posibles irregularidades administrativas en esa entidad, las cuales también fueron expuestas en el mencionado espacio televisivo.
Después de realizar los estudios preliminares, el Digeig determinó que los hechos podrían tener implicaciones penales, por lo que envió el expediente a la Ministerio Publicoespecíficamente a la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)de acuerdo con la normativa vigente.
Quejas y actuaciones iniciales
Como parte del seguimiento del caso, la entidad también adoptó medidas para evitar posibles represalias contra los denunciantes, elevando la situación ante el Fiscalía General y solicitar protección para quienes denunciaron irregularidades.
En este contexto, el director general de la Digeig, Milagros Ortiz Boschmantuvo reuniones con el fiscal general Nueva Berenice Reynoso y aplicado formalmente a la MAPA la revisión de las separaciones.
Como resultado de estos esfuerzos, el Ministerio de Administraciones Públicas instruyó el reemplazo de los servidores afectados, garantizando el respeto a sus derechos laborales y a los procedimientos establecidos en el Ley de Servicio Público.
El Digeig Consideró que esta decisión fortalece los mecanismos de protección a los denunciantes y envía un mensaje de apoyo a quienes denuncian actos de corrupción en la administración pública.
Protección de los denunciantes
Asimismo, la institución informó que trabaja en un proyecto de ley para la protección de informantes, víctimas y testigos en la administración pública, con el apoyo de organismos internacionales, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y confidencialidad a quienes denuncian irregularidades.
