El Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) cuestionó la normativa aprobada por el Junta Central Electoral regular las empresas encuestadoras y la publicación de encuestas electorales, considerando que las normas violan principios constitucionales y limitan derechos fundamentales sin suficiente respaldo legal.
A través de un análisis jurídico, FINJUS Advirtió que la regulación excede las facultades regulatorias del JCE imponiendo restricciones que, sostiene, sólo pueden ser establecidas por una ley aprobada por el Congreso Nacional.
La entidad señaló que la disposición que prohíbe publicar las encuestas electorales antes del inicio formal de la precampaña constituye una limitación a la libertad de empresa, al derecho a la información y a la participación política.
Preguntas legales
Explicó que la Constitución dominicana establece el principio de reserva de ley, que establece que sólo el Poder Legislativo puede regular o limitar derechos fundamentales.
En ese sentido, recordó que el artículo 216 de la Ley 20-23 Sólo prohíbe la difusión de encuestas durante los ocho días previos a las elecciones, por lo que la prohibición ampliada contenida en la normativa no tendría fundamento jurídico.
FINJUS sostuvo que el JCE Estaría “legislando por la vía administrativa” al crear restricciones no contempladas en la legislación vigente, lo que, a su juicio, deja sin efecto la norma por vulnerar la supremacía constitucional y el ordenamiento jurídico.
Impacto y advertencia
La entidad también advirtió sobre la impacto práctico de la medida, considerando que generaría una “asimetría informativa” entre ciudadanos y partidos políticos. Según explicó, si bien las organizaciones políticas podrían seguir realizando encuestas para uso interno, el público se vería privado de acceder a información sobre tendencias y preferencias electorales para formar sus propios criterios.
FINJUS reconoció que el órgano electoral tiene la responsabilidad de velar por la transparencia y equidad de los procesos electorales, pero insistió en que cualquier restricción a derechos fundamentales debe surgir de un amplio debate legislativo y no de una disposición administrativa.
«La política no termina en los momentos electorales. Es una dimensión permanente de la vida social», enfatizó la organización, sosteniendo que las restricciones propuestas requieren consenso democrático y legitimidad legislativa.
