SANTO DOMINGO.- El líder de Alianza País, Guillermo Moreno, Calificó de “corrupción legalizada” las exoneraciones que reciben legisladores dominicanos para importar vehículosseñalando que estas prácticas le han costado al Estado 4 mil 879 millones de pesos en los últimos 14 años.
Moreno explicó que estas exenciones se originaron en una ley de 1966, que permitía a los legisladores importar un vehículo por un valor de hasta 3.000 dólares. Sin embargo, en 1996 se modificó dicha normativa, permitiéndoles importar hasta dos vehículos sin límite de valor. «El resultado ha sido alarmante: un alto porcentaje de estos vehículos son deportivos y de lujo, usados principalmente para la venta, violando la ley», afirmó.
Impacto económico
Entre 2010 y 2021 los legisladores importaron 1.148 vehículos, generando una pérdida al Estado de 2.649 millones de pesos en impuestos. De 2021 a 2024, esta cifra aumentó con la importación de 499 vehículos adicionales, lo que generó otra pérdida de 2,140 millones de pesos. Según Moreno, «esto no es sólo un abuso, sino un acto de fraude en perjuicio del Estado».
Moreno destacó que legisladores de Alianza País, como Fidelio Despradel (2016-2020) y Pedro Martínez (2020-2028), han rechazado estas exoneraciones, como parte del compromiso del partido con la transparencia y la ética. «Sabemos que es una forma de corrupción legalizada, y por eso nuestros representantes no aceptan ese privilegio», afirmó.
Moreno hizo estas declaraciones en respuesta a una investigación del diario Diario Libre, que expuso irregularidades y abusos en el uso de este privilegio.
Un llamado al cambio
El dirigente político instó al Ministerio Público a investigar la venta fraudulenta de vehículos importados bajo este esquema, alegando que constituye un mecanismo de enriquecimiento ilícito. También pidió al Partido Revolucionario Moderno (PRM), que tiene mayoría en el Congreso, eliminar estas exoneraciones.
«Es una oportunidad para moralizar el trabajo legislativo y poner fin a una práctica contraria a la ley», afirmó. Moreno reconoció que eliminar este privilegio requiere de un ejercicio de voluntad política por parte de los propios legisladores, quienes tendrían que legislar para renunciar a estas exenciones. . “Es posible que muchos piensen que esto es un delirio, porque como dice el dicho popular: ‘la ullama no pare’”, concluyó.
Esta posición de Guillermo Moreno refleja una contundente crítica al sistema de exenciones legislativas y un llamado a la transparencia y la ética en la gestión de los recursos públicos.
