Santo Domingo.- Él Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Maestros (ADP) rechazó las conclusiones presentadas por Acción Empresarial de Educación (EDUCA) en su denominado Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases, al considerar que el documento contiene graves inconsistencias metodológicas y presenta datos fuera de contexto.
La organización sostuvo que el informe pretende responsabilizar exclusivamente a los docentes por problemas que, a su juicio, tienen su origen en las deficiencias estructurales que afectan al sistema educativo nacional, por lo que rechazó las afirmaciones contenidas en el estudio.
ADP cuestiona el informe de EDUCA
El ADP consideró preocupante que entidades privadas busquen erigirse como árbitros de la educación pública dominicana elaborando informes que no cuentan con el aval técnico ni institucional de la Ministerio de Educación (MINERD), órgano legalmente facultado para evaluar y vigilar el cumplimiento del calendario escolar.
- “En primer lugar, el informe de EDUCAR Parte de una base cuestionable y errónea al afirmar que durante el ciclo escolar 2025-2026 se perdieron 1.384 horas lectivas. Según el calendario escolar oficial aprobado por la Consejo Nacional de Educaciónlos niveles de Educación Inicial y Secundarioincluyendo las modalidades Técnico Profesional, artes y Centros de Excelencia«Se han establecido 1.528 horas de clases distribuidas en 191 días lectivos, por lo que las cifras presentadas requieren una explicación que valide si solo se impartieron 144 horas de clases antes de sacar conclusiones a nivel nacional», afirmó el ADP en su respuesta a EDUCAR.
Asimismo, es incorrecto afirmar que 55 llamados de suspensión impactaron a los 7,921 centros educativos públicos y paraestatales del país. La realidad es que el Comité Ejecutivo Nacional del ADP Son más de tres años sin convocar a un paro nacional docente.
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- Precisó que los reclamos de los docentes, en diferentes comunidades, municipios y provincias del país (duarte, santiago, azua y San Juan de la Maguana, no tiene, Tamayo y Boca Chica), son legítimos y están relacionados con el deterioro de la infraestructura escolar, la falta de aulas, las condiciones de seguridad en los centros educativos y situaciones extraordinarias, como las intoxicaciones provocadas por las fumigaciones agrícolas en San Francisco de Macorís.
“Pretender contabilizar estas luchas como simples pérdidas económicas constituye una visión reduccionista que ignora que muchas de estas acciones buscan, precisamente, garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes”, afirmó el CEN de la ADP.
Fondos públicos y déficit de aulas
El ADP También cuestiona la autoridad moral con la que EDUCARél Foro Socioeducativoel Federación APMAE y Fe y alegría Presentar estimaciones económicas sobre la educación pública, cuando estas instituciones reciben recursos del propio Estado dominicano.
Los datos oficiales indican que durante los últimos cinco años EDUCAR ha recibido RD$67,078,539.93 a través de programas de capacitación financiados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Profesorado (INAFOCAM), mientras Fe y alegría ha recibido RD$12,037,375.00 en subsidios. En conjunto, ambas entidades han recibido RD$79,115,914.93 de fondos públicos.
Teniendo en cuenta que, según información del Dirección de Infraestructura Escolarel costo de construcción de un aula regular oscila entre RD$5 y RD$7 millones, con esos recursos se podría haber construido entre 11 y 15 aulas escolares adicionales para el sistema educativo dominicano.
«Por lo tanto, resulta contradictorio que organizaciones que se benefician de recursos del 4% del PIB pretendan presentar a los docentes como los únicos responsables de supuestas pérdidas económicas, mientras guardan silencio sobre problemas como el déficit de aulas, el hacinamiento estudiantil, el deterioro de las escuelas y las múltiples necesidades de infraestructura que afectan el proceso educativo», afirmó el CEN del ADP.
El ADP Reiteró que la preocupación debe centrarse en garantizar escuelas seguras, adecuadas y dignas para estudiantes y docentes, mejorar las condiciones de aprendizaje y fortalecer la inversión pública en educación con criterios de eficiencia, transparencia y equidad.
Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública, con el cumplimiento del calendario escolar y con la lucha permanente por mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.
