SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader aclaró que la disposición emitida por el Ministerio de la Función Pública (MAP) para que los empleados públicos presenten sus facturas de agua y luz No es obligatorio y está destinado, en parte, a apoyar a quienes perciben salarios más bajos. yoLa medida, ordenada a través de la circular 018031, ha generado polémica, ya que sectores civiles y la oposición han señalado que podría violar la privacidad de los trabajadores del Estado.
Al referirse a la circular, Abinader enfatizó que la medida busca establecer una cultura de ejemplo y responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, sin ánimo de sancionar. “Lo que incluso busca es que en algunos casos los empleados públicos que están en la escala salarial más baja puedan recibir apoyo con el pago de estos servicios; Esta disposición no pretende más que dar ejemplo«, explicó el presidente, en respuesta a las críticas.
«Esta disposición tiene una intención y sólo puede tenerla si es voluntaria, lo que busca es que En algunos casos, los empleados peor pagados incluso recibieron el bono de electricidad, “Eso iba a tener efectos positivos en los de menor nivel con el apoyo del bono ligero”, afirmó Abinader.
Anteriormente, Sigmund Freund, director del MAP, también defendió la medida en entrevistas recientes y en un comunicado. Freund destacó que el objetivo principal es conocer los patrones de consumo de los empleados y promover una “cultura de cumplimiento y responsabilidad cívica”. Agregó que el Estado debe ser referente en responsabilidad ciudadana, y que esta disposición está alineada con los principios de la Ley 41-08 sobre conducta ética en el servicio público. Incluso, indicó que él mismo envió su factura de luz para dar cumplimiento a la solicitud.
Freund insistió en que esto “ejercicio libre y voluntario” no viola la privacidad ni la Constitución, argumentando que la información de las facturas de servicios públicos es de carácter administrativo, emitida por empresas concesionarias que prestan servicios esenciales.
Desde que se anunció la medida, distintas voces han expresado su preocupación por la privacidad de los datos de los servidores públicos. En respuesta, el MAP emitió un comunicado reiterando que la recopilación de información es «voluntario» y que su objetivo último es el compromiso de los servidores públicos en el cumplimiento ético de sus obligaciones. La entidad asegura que no se aplicarán sanciones por no cumplir con la solicitud de presentación de facturas y que la intención es garantizar la continuidad de los servicios y, en algunos casos, ofrecer apoyo a quienes más lo necesitan.
El MAP estableció un plazo de 15 días para que los departamentos de Recursos Humanos de las instituciones públicas confirmen si los empleados tienen contratos de servicios públicos a su nombre o al de un familiar, con el objetivo de “facilitar la gestión administrativa”.
