Los acontecimientos de las últimas horas en torno al Senasa no sólo son abrumadores por su dramatismo, sino también por los interrogantes que plantean sobre el ejercicio profesional. La imagen descrita por Ministerio Publico Involucra a médicos y otros proveedores de servicios de salud en la conocida red de corrupción en torno a los seguros estatales. La investigación ha identificado 4.363 autorizaciones para consultas y trámites que, según las autoridades, los afiliados no solicitaron ni recibieron. Si se prueban estas acusaciones, lo que sabíamos hasta ahora sería sólo una parte de un complot mucho mayor.
Una dimensión especialmente grave del caso es que entre los investigados hay personas a quienes la sociedad ha confiado la atención sanitaria. Como pacientes, aceptamos diagnósticos y procedimientos cuyos fundamentos no estamos en condiciones de juzgar por nosotros mismos. La relación funciona porque asumimos que el conocimiento del médico será utilizado en nuestro beneficio. Quizás por eso, cuando aparece un caso que contradice esta expectativa, queremos pensar que se trata de una conducta aislada y no de un problema generalizado. La magnitud que las autoridades atribuyen a los hechos nos hace más difícil aceptar esa presunción.
La cuestión debería ser especialmente conmovedora para las universidades y los sindicatos profesionales. Ninguna institución puede ser responsable de la conducta posterior de cada uno de sus egresados, y sería absurdo pretender hacerlo. Pero hay motivos para preguntarse si algo se está debilitando en los estándares éticos del ejercicio profesional y si estamos haciendo lo suficiente para que la formación ética ocupe el lugar que merece junto a la formación técnica.
Todavía corresponde a la justicia establecer responsabilidadessi efectivamente las hay. Si el episodio sirve para alimentar una discusión sobre la responsabilidad que acompaña al conocimiento profesional, al menos habrá dejado algo más que vergüenza, desconcierto y estupor.
