Durante décadas, nuestro país ha enfrentado una crisis en la gestión de residuos solidos. Vertederos a cielo abierto, ríos convertidos en depósitos de basura, plásticos invadiendo costas y barrancos, y municipios con dificultades para recoger la basura. La existencia del problema no está en duda. Se necesitan soluciones urgentes.
Lo que sí merece un debate profundo es si las herramientas aprobadas responden al objetivo de proteger el medio ambiente o si acaban convirtiéndose en una carga económica para quienes tienen menos responsabilidad en la generación de residuos.
El principio universal de la legislación ambiental es claro: Quien contamina, paga. Es un criterio de justicia ambiental. Busca asegurar que quienes generan mayores impactos asuman el costo de prevenirlos, mitigarlos y repararlos.
Pero cuando este principio se aplica de manera uniforme, sin distinguir entre grandes contaminadores y pequeñas empresas con baja generación de residuos, deja de ser una herramienta medioambiental y parece un ingreso.
Es difícil explicar por qué una pequeña empresa familiar, una tienda de alimentación de barrio, un despacho profesional o un taller con el mínimo desperdicio deben soportar cargas similares a las de empresas con procesos industriales complejos, un alto volumen de envases y una mayor huella ambiental.
Las MIPYMES Son parte central del tejido productivo nacional. Generan empleos, sostienen a las familias y mantienen viva la economía del barrio. Imponerles obligaciones económicas desproporcionadas reduce su capacidad de crecer, formalizarse e invertir.
Cualquier cargo adicional acaba incorporándose al precio de los bienes y servicios. Al final, no es sólo el empleador quien paga. El consumidor dominicano, golpeado por el costo de vida, también paga.
A legislación ambiental moderna Debe fomentar la reducción de residuos, promover el reciclaje, fortalecer la economía circular y premiar las buenas prácticas empresariales. No debe limitarse a crear obligaciones económicas sin criterios claros de proporcionalidad, generación efectiva de residuos y capacidad económica.
Si queremos un país más limpio, debemos fortalecer la educación ambiental, ampliar la infraestructura de reciclaje, exigir mayor responsabilidad a los grandes generadores, combatir los vertidos ilegales y garantizar la transparencia en el uso de los recursos recolectados. Los ciudadanos deben saber cuánto se cobra, quién paga, cómo se gestiona el dinero y qué resultados se obtienen.
El éxito de derecho ambiental No será por la cantidad de dinero que recaude, sino por la cantidad de basura que logre evitar, reciclar o valorizar.
Proteger el medio ambiente no significa castigar indiscriminadamente a quienes producen y generan empleo. Significa aplicar la justicia ambiental con racionalidad, proporcionalidad y sentido de país.
Existen experiencias internacionales en gestión de residuos que buscan la responsabilidad sin trasladar cargas excesivas al consumidor. Alemania, España y Chile han desarrollado marcos regulatorios destinados a reducir los residuos, aumentar el reciclaje y responsabilizar a los productores, sin convertir la política ambiental en una simple fuente de recolección.
Las leyes ambientales deberían cambiar el comportamiento, no convertirse en mecanismos de recaudación. Cuando la legislación grava de manera similar a quienes tienen diferentes impactos ambientales, se corre el riesgo de perder legitimidad social y generar resistencia.
La República Dominicana necesita una política moderna de residuos sólidos. Una política donde la responsabilidad sea proporcional, la gestión sea transparente y el dinero recaudado se traduzca en calles más limpias, ríos limpios, vertederos transformados y una economía circular.
De lo contrario, los ciudadanos acabarán preguntándose si se aprobó una ley para proteger el medio ambiente o para recaudar más dinero.
