Pude utilizar, pero no lo hice, cualquiera de los sinónimos conocidos en español del término necesario, como esencial, indispensable, imperioso, forzoso, obligatorio, ineludible, fatal, primordial, importante, útil y rentable, pero nunca su antónimo «inútil», porque la reciente huelga nacional pacífica de jueces y servidores del sistema judicial no podía dejar de ser ni suceder.
Creo que era necesario que, en un hecho sin precedentes en la historia nacional, más de 500 jueces y trabajadores judicial Paralizaron temporalmente sus labores para mostrar la dura realidad vivida, pero ignorada: de los tres poderes del Estado dominicano, el Poder Judicial es el peor pagado en comparación con el Legislativo y el Ejecutivo.
A pesar de ciertos reajustes recientes, el presupuesto público todavía se ejecuta con una clara desigualdad respecto al Judicialya que los senadores y diputados ganan sumas fabulosas, que incluyen graciosas dispensas, a saber: “barriles, cofres y cochecitos”, mientras que los del Poder Ejecutivo, léase ministros, directores generales y hasta jefes departamentales, ganan fastuosos emolumentos.
Los jueces y empleados en huelga exigen aumentos salariales, mejores condiciones laborales, reducción de la carga de trabajo, movilidad dentro del sistema judicial para mejorar la eficiencia de los tribunales, ampliación de infraestructura y mayor protección de la salud.
Y tienen razón, porque los jueces constituyen el alma del Poder Judicial dominicano, pues administran justicia de forma gratuita, conforme al artículo 149 de la Constitución, en nombre de la República a través de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales legalmente creados.
La legislación, la tradición y la sociedad exigen a estos magistrados un compromiso casi total con el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, porque el papel de juez sólo es compatible con la docencia y están sujetos a un riguroso régimen de responsabilidad y rendición de cuentas ante el Poder Judicial.
Para proteger el decoro, el Código de Ética Procesal del Poder Judicial prohíbe a los jueces recibir por sus servicios otras remuneraciones que las establecidas por la normativa vigente. No podrán recibir obsequios, obsequios ni atenciones con motivo del desempeño de su cargo, salvo atenciones de mera cortesía.
Nuestros jueces no pueden endeudarse más allá de toda duda razonable, tomando en cuenta la naturaleza y monto de sus necesidades, los montos de sus ingresos y los porcentajes de retención autorizados por la ley. En una palabra: cualquier deuda sin causa justificada por parte del juez, para un observador razonable, pone en crisis la consecución del decoro profesional. Y esto es material y moralmente peligroso.
Con jueces mal pagados y sin condiciones de trabajo decentes, el sistema de justicia pende de un hilo legal y moralmente, dejándolo expuesto al soborno, la compra y venta de sentencias y la corrupción generalizada.
En gran medida el sistema de justicia ha avanzado en el sentido material e institucional, prueba de ello es la recién inaugurada Palacio de justicia de la Provincia de Santo Domingo; Es una obra de arte que irradia la dignidad del poder judicial dominicano, más los nuevos códigos vigentes.
Finalmente, creo que el pliego de demandas de los jueces debería ser abordado por el Consejo de la Judicatura, antes de que sea demasiado tarde.
