El República Dominicana logró reducir la tasa de homicidios a 8,7 por 100.000 habitantes en 2025, uno de los niveles más bajos registrados en décadas. Sin embargo, mientras la atención pública se centra en la lucha contra el crimen, una amenaza mucho más letal continúa cobrándose vidas en las carreteras y calles del país.
El año pasado, los accidentes de tránsito causaron más del doble de muertes que los homicidios. En términos estadísticos, hoy un dominicano tiene una probabilidad considerablemente mayor de perder la vida en la vía pública que de ser víctima de un delito violento.
Según la validación definitiva del Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana (CadseciI)Durante 2025 se registraron 951 homicidios dolosos. En contraste, cifras del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) reportan alrededor de 2.213 muertes por accidentes de tránsito, equivalente a una tasa de 20 muertes por cada 100.000 habitantes.
Aún más preocupante es que aproximadamente 1.445 de esas víctimas estuvieron relacionadas con accidentes con motocicletas, lo que representa alrededor del 65% de todas las muertes en carretera.
Las estadísticas, según muertes en cada tipo de vehículo, también revelan que en el accidente estuvieron involucradas motocicletas. 27% de las muertesseguido de automóviles (20,7%), jeepetas (14%) y vehículos de carga (14%).
Aunque las motocicletas representan alrededor del 58% del parque vehicular nacional, representan una proporción mucho mayor de muertes. A esto se suma otro dato alarmante de Opsevi: entre enero y abril de 2026, el 85% de los motociclistas fallecidos no llevaban casco protector.
El problema trasciende el ámbito de los accidentes. En las últimas semanas se han reportado hechos de violencia perpetrados por grupos de motociclistas, entre ellos el asesinato de un camionero recolector de basura en Santiago, el ataque a un conductor del programa de transporte escolar Trae en presencia de niños y varios incidentes en los que motociclistas reaccionaron violentamente tras presuntos roces con otros vehículos.
La realidad es que el país enfrenta una verdadera emergencia de seguridad vial. Los accidentes de tráfico se han convertido en una de las principales causas de muerte violenta, y las motos juegan un papel central en esta crisis.
La situación es particularmente evidente en el servicio de entrega a domicilio. Es común ver a automovilistas que ignoran los semáforos, conducen por la vía equivocada o realizan maniobras imprudentes.
Muchos conductores prudentes se ven obligados a revisar constantemente sus espejos retrovisores antes de girar para evitar colisiones con motociclistas que no respetan las reglas básicas de tránsito.
Surgen entonces preguntas inevitables. ¿Cómo es posible que miles de motos sigan circulando identificadas sólo con un documento provisional en lugar de una placa visible? ¿Cómo se explica que sólo entre el 20% y el 30% de los motociclistas tengan permiso de conducir categoría 01? ¿Por qué se siguen viendo motos transportando hasta tres personas, incluidos menores, sin cascos de protección?
La reducción de la criminalidad es una noticia positiva que merece ser reconocida. Sin embargo, el país no puede ignorar una crisis que se cobra muchas más vidas que homicidios. La prioridad debe ser imponer el cumplimiento efectivo de las Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Sin un régimen de consecuencias que garantice el respeto a las normas, especialmente en el caso de las motocicletas y el motoconcho, República Dominicana seguirá enfrentando una epidemia silenciosa que enluta a miles de familias cada año.
