El año 2026 marca un punto de inflexión para el sistema de justicia en República Dominicana. Con el vencimiento del mandato constitucional de 11 de los magistrados del Corte Suprema de Justicia (SCJ)El Consejo Nacional de la Judicatura (CNM) enfrenta la inminente tarea de evaluar, ratificar o sustituir casi dos tercios de la matrícula del máximo tribunal de la nación.
Como era de esperar, el proceso ha encendido el debate público. En las últimas semanas, diversas voces del ámbito jurídico y civil han comenzado a presionar para que una vez finalizada la nueva inscripción, el tribunal sea presidido por un juez con carrera judicial. Quienes defienden esta posición sostienen que ha llegado el momento de hacer historia y elegir, «por primera vez», a un presidente surgido de las entrañas mismas del sistema de justicia.
Sin embargo, esta narrativa comete el error de la amnesia histórica. si el Consejo Nacional de la Judicatura decide nombrar un magistrado de carrera para dirigir el Poder Judicial, no estará inaugurando un camino sin precedentes, estará replicando un precedente de alta dignidad que ya existía en nuestro país.
El dilema del perfil del Presidente: ¿Gestión o Poder Judicial?
El diseño constitucional e institucional de nuestra Corte Suprema de Justicia es equilibrado. La ley establece que las tres cuartas partes (3/4) de su matrícula deben ser jueces de la carrera judicial, mientras que la cuarta parte restante (1/4) está reservada para profesionales del derecho ajenos a ella, abogados de ejercicio privado, académicos o miembros del Ministerio Público. Este cupo minoritario permite el ingreso de abogados del sector privado que, según algunos defensores, aportan una visión más abierta, integral y empresarial.
Esta última visión es la que ha prevalecido en las últimas décadas. Los dos últimos presidentes del Tribunal Supremo han procedido precisamente del ámbito privado y de la administración pública externa. Este es el caso de los magistrados Mariano Germán y Luis Henry Molina. Quienes justifican este modelo argumentan que el cargo de Juez Presidente implica prerrogativas administrativas y de gestión muy importantes que se gestionan mejor con una mentalidad externa al tribunal.
Al otro lado de la calle, quienes hoy exigen un presidente de carrera buscan un cambio de rumbo. Sostienen que el liderazgo institucional debería recaer en alguien que conozca el oficio de juzgar desde cero, que comprenda las necesidades diarias de los tribunales y que represente la máxima aspiración del mérito judicial. Pero cuando defienden esta noble causa, suelen afirmar que «esto nunca ha sucedido». Y ahí es donde la historia exige precisión.
El precedente de Manuel Bergés Chupani
Quienes afirman que nunca hemos tenido un presidente de carrera se escudan en un tecnicismo cronológico. La estructura moderna de la Carrera Judicial dominicana fue introducida formalmente por la Ley No. 327-98 de 1998. Bajo el lente de esa legislación vigente, es cierto que los presidentes posteriores han venido del exterior.
Pero reducir el concepto de «carrera» a la existencia del derecho moderno es restar valor a los gigantes sobre cuyos hombros se construyó nuestro poder judicial. El ejemplo más brillante de esto es el del fallecido Dr. Manuel Bergés Chupani, quien fue designado Presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1982.
Bergés Chupani no necesitaba una ley de carrera para demostrar lo que era ser juez de carrera hasta la médula. Su carrera dentro del sistema de justicia fue una promoción gradual, ordenada y estrictamente meritocrática. Partió desde el peldaño más humilde del organigrama judicial como Juez de Paz. Posteriormente, por su capacidad y solvencia moral, fue ascendido a Juez de Primera Instancia, luego a Juez de una Corte de Apelaciones e, incluso, llegó a ser Magistrado de la propia Corte Suprema de Justicia antes de ser investido como su Presidente.
¿Qué es un juez de carrera sino alguien que dedica toda su vida, o gran parte de ella, al servicio de la justicia administrando la ley desde el tribunal más pequeño hasta el más alto? El Dr. Bergés Chupani prácticamente encarnó el espíritu y los valores que hoy exigimos a la carrera judicial moderna.
Por lo tanto, la discusión que tiene sobre la mesa el Consejo Nacional de la Judicatura no debe plantearse bajo la falsa premisa de una “innovación absoluta” o de romper un techo de cristal inexistente.
Si bien mi preferencia es que el próximo Presidente provenga de la práctica privada, si en este proceso de renovación el CNM opta por elegir un Magistrado de Carrera para presidir la Corte Suprema de Justicia, no estará experimentando con un nuevo modelo. Estará haciendo justicia histórica, rescatando un estándar de excelencia que ya demostró ser viable en 1982 y enviando un contundente mensaje a todos los jueces del país, de que el trabajo íntegro, el mérito y la dedicación desde la banca de un tribunal pueden, legítimamente, llevar a un juez de paz a convertirse en presidente del Poder Judicial.


