La fortaleza de un Estado de derecho no depende únicamente de la calidad de su Constitución o del número de leyes que componen su sistema jurídico. Depende, sobre todo, del compromiso de las instituciones y de los ciudadanos con el cumplimiento efectivo de estas normas.
En los últimos años, República Dominicana ha experimentado una importante transformación legislativa. El Congreso Nacional ha aprobado reformas en materia electoral, administrativa, económica, penal y organizacional del Estado. Este esfuerzo demuestra la voluntad de actualizar nuestro marco regulatorio y adaptarlo a los desafíos de una sociedad cada vez más dinámica.
Sin embargo, la aprobación de nuevas leyes plantea una pregunta que rara vez nos detenemos a analizar: ¿estamos construyendo una verdadera cultura de aplicación de la ley?
A menudo atribuimos los problemas nacionales a la ausencia de normas. Pero la realidad muestra que, en muchos casos, el problema no radica en la falta de legislación, sino en la insuficiente aplicación de la que ya existe.
El Estado social y democrático de derecho, proclamado por el artículo 7 de nuestra Constitución, no se agota por la existencia de instituciones ni por la producción de leyes. Su esencia radica en la sumisión de todos –autoridades y ciudadanos– al sistema legal.
Este principio encuentra su máxima expresión en el artículo 6 de la Constitución, que consagra la supremacía constitucional y dispone que todas las personas, órganos que ejercen poderes públicos e instituciones están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado.
Esta no es una declaración simbólica. Es un mandato legal que hay que cumplir.
La propia Constitución, en su artículo 138, establece que la Administración Pública debe actuar con plena sumisión al ordenamiento jurídico, guiada por principios como eficacia, objetividad, igualdad, transparencia, publicidad, coordinación y buena administración.
Este mandato constitucional fue desarrollado por la Ley no. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y el Procedimiento Administrativo, una de las normas más importantes para el fortalecimiento institucional del país.
La Ley 107-13 reconoce el derecho de toda persona a recibir respuestas oportunas de la Administración, a que las decisiones estén debidamente motivadas, a obtener un trato igualitario y a que todas las actuaciones administrativas se ajusten estrictamente a la ley.
Sin embargo, la práctica diaria demuestra que uno de los principales desafíos sigue siendo el cumplimiento de estos principios.
Todavía encontramos instituciones que incumplen los plazos legales para responder a las solicitudes ciudadanas; actos administrativos insuficientemente motivados; procedimientos que no respetan plenamente el debido proceso; y decisiones que sólo se corrigen cuando intervienen los tribunales.
El problema, entonces, no siempre es la ausencia de normas. Muchas veces es la ausencia de una cultura de la legalidad.
Lo mismo ocurre en otros ámbitos.
La Ley General de Contrataciones Públicas establece principios de transparencia, libre competencia, igualdad, publicidad y eficiencia. Pero estos principios sólo cobran verdadero sentido cuando cada institución los incorpora como parte de su cultura organizacional y no sólo como una obligación formal.
En materia laboral, gran parte de los conflictos no surgen por la inexistencia de derechos, sino por el incumplimiento de obligaciones que el ordenamiento jurídico ha reconocido durante décadas.
Algo similar ocurre en el ámbito tributario, ambiental, municipal o de tránsito. El desafío no es sólo crear nuevas normas, sino también garantizar que las existentes sean respetadas por todos.
Y ese «todos» es importante.
Porque la cultura de aplicación de la ley no puede exigirse sólo a los ciudadanos.
El primer obligado a cumplir la ley es el propio Estado.
Cuando una institución pública actúa fuera del marco legal, incumple los plazos establecidos o ejerce sus competencias sin la debida motivación, no sólo viola derechos individuales. También debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Los servidores públicos tienen una responsabilidad especial. Administran recursos públicos, ejercen las facultades que les confiere la ley y toman decisiones que afectan derechos e intereses legítimos. Por lo tanto, sus acciones deben ser un ejemplo permanente de respeto al ordenamiento jurídico.
Pero la responsabilidad también se extiende a los ciudadanos.
El respeto a las normas de tránsito, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la observancia de las reglas de convivencia y el ejercicio responsable de los derechos son parte de una misma cultura democrática.
No se puede exigir un Estado respetuoso de la ley si como sociedad asumimos que las normas sólo deben cumplirse cuando hay una sanción inmediata.
La legalidad debe convertirse en un valor compartido.
En una democracia madura, el cumplimiento de la ley no nace del miedo al castigo. Nace del convencimiento de que las reglas existen para garantizar la convivencia, proteger los derechos de todos y ofrecer seguridad jurídica.
Por lo tanto, el fortalecimiento institucional no depende únicamente del Congreso Nacional o de la constante aprobación de nuevas leyes.
Depende de que el Estado sea el primero en cumplirlas.
Depende de que los servidores públicos comprendan que la legalidad constituye el fundamento de la función administrativa.
Depende de que las empresas desarrollen verdaderas políticas de cumplimiento normativo.
Y depende, finalmente, de que cada ciudadano comprenda que respetar la ley no es una carga, sino una expresión de compromiso con la democracia.
La República Dominicana ha logrado avances significativos en la construcción de un marco legal moderno. El gran desafío de esta generación ahora es consolidar una auténtica cultura de cumplimiento.
Porque la fuerza de un Estado de derecho no se mide por el número de leyes publicadas en el Boletín Oficial.
Se mide por la confianza que inspira el cumplimiento de esas leyes.
Y esa confianza sólo será posible cuando entendamos que la legalidad no es responsabilidad exclusiva de los jueces, el Congreso o el Poder Ejecutivo.
La legalidad es una responsabilidad compartida.
Es, quizás, la condición indispensable para construir instituciones más fuertes, una democracia más sólida y una República Dominicana donde la ley deje de ser un simple texto y se convierta verdaderamente en una forma de vivir en sociedad.
