Aceptando la solicitud del Ministerio Público, el Corte Suprema de Justicia (SCJ) declaró inadmisible el recurso interpuesto por el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre contra la sentencia que rechazó el recurso de extinción de la acción penal en el proceso que se sigue en su contra por corrupción administrativa.
Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (cusep), quien fue procesado tras el lanzamiento de las operaciones Coral y Coral 5G, fracasó por quinta vez en sus intentos de lograr la extinción de la acción penal en distintas instancias, luego de que el recurso fuera rechazado y confirmada la decisión apelada.
En el proceso judicial, su defensa realizó la solicitud en tres ocasiones ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, las cuales fueron rechazadas, al considerar el tribunal que el plazo transcurrido es razonable considerando la naturaleza y particularidades del proceso.
Posteriormente, el año pasado, se presentó recurso de apelación ante la Sala Segunda de la Cámara Penal de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional contra la decisión del juzgado de primer grado, donde también fue rechazado, confirmándose la resolución en todos sus aspectos.
Luego, el imputado interpuso recurso de apelación ante la Corte Suprema contra la decisión de la Corte de Apelaciones que desestimó el recurso de apelación contra la sentencia que declaró el terminación de la acción penal en el proceso seguido en su contra por corrupción administrativa.
El escrito de casación fue presentado por la fiscal judicial Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, adscritos a la pepay Miguel Collado, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El órgano fiscal solicitó que se desestime el recurso interpuesto por el demandado Cáceres Silvestre y se confirme la decisión apelada, por considerar que no se verifican los defectos denunciados por el recurrente.
El Estado dominicano, representado por sus abogados y representantes, también solicitó que se declarara inadmisible el recurso por no tratarse de una decisión susceptible de recurso de casación.
Los jueces Francisco Antonio Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez, María Garabito Ramírez y Yorlin Vásquez Castro, de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia, declararon improcedente el recurso de casación interpuesto por Adán Cáceres Silvestre contra la resolución penal número 502-2026-SRES00071, dictada por la Segunda Sala de la Sala Penal de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional en febrero 26, 2026.
El tribunal penal estableció en su resolución que al no comprobarse el requisito de impugnación objetiva que exige el artículo 441 del vigente Código Procesal Penal, debe declararse improcedente el recurso de apelación interpuesto por Cáceres Silvestre.
Ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Cáceres Silvestre deberá ahora esperar a que el proceso siga su curso.
En comunicado de prensa, el Ministerio Público valora la decisión que dijo contribuye al avance de la lucha contra la impunidad.
Condenado a 20 años de prisión
En junio pasado, Cáceres Silvestre, junto con el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel de policía Rafael Núñez de Aza, fueron condenados a 20 años de prisión por corrupción administrativa.
En este caso, además, fueron condenados a 15 años de prisión el general Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la pastora), quienes además deberán pagar multas de 400 y 300 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
En total fueron condenadas 29 personas. Los altos mandos de la estructura criminal fueron condenados a penas de entre 10, 15 y 20 años.
El Mayor General del Ejército de República Dominicana (ERD) Adán Cáceres Silvestre se desempeñó como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) Julio Camilo de los Santos Viola, ex subdirector de esa institución; y el general Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).
El Ministerio Público acusó al grupo de generales de liderar la red integrada por personas naturales y jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). La acusación también incluye entre las entidades afectadas al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conani).
