Él fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10.000 dólares de un testigo vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), afirmó este miércoles ante la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que no pretende escapar del proceso judicial que lleva en su contra el Ministerio Público y aseguró que es el principal interesado en demostrar su inocencia y limpiar su nombre.
«Solo dígale al tribunal que estamos listos para afrontar el proceso y no lo vamos a contratar… Soy el más interesado en limpiar mi imagen, honor y reputación que han empañado.«, dijo el magistrado adscrito a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien busca revertir la decisión judicial que lo mantiene por tres meses en el Centro Correccional y Rehabilitador de Najayo, en San Cristóbal, como medida de coerción preventiva.
Asimismo, Valdez Alcántara dijo que una muestra de que su única intención es limpiar su imagen es que su defensa ha solicitado y propuesto múltiples diligencias al Ministerio Público con el objetivo de demostrar que los hechos no ocurrieron como lo describe el organismo acusador en su solicitud de medida de coerción.
Fiscal Aurelio Valdez: “Soy el más interesado en limpiar mi imagen”
“De paso me atrevo a señalar que hicimos solicitudes de videos que no nos fueron entregados para conocer la medida de coerción y fue previamente que nos los entregaron, porque tuvimos que recurrir al juez de garantías para obligarlos, mediante resolución, a entregárnoslos”, dijo el imputado.
Asimismo, destacó: “El Ministerio Público debería investigar a favor o en contra y no lo han hecho. “Han violado al máximo el principio de objetividad dentro del proceso”.
“Los problemas personales que un investigador o persona tenga con un investigador no deben afectar el mal proceso”, enfatizó el fiscal.
Acusación
Según el expediente, el MP abrió una investigación de orden público contra Valdez Alcántara, quien dice concertó una reunión personal con Roberto Canaán, en el estacionamiento de Plaza Lama, establecimiento ubicado en la Avenida 27 de Febrero con Winston Churchill.
El MP indica que allí Canaán abordó el vehículo conducido por el fiscal, una CRV color café, quien utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades, “para establecer una posición de dominio”, e inmediatamente, de manera explícita, propuso “alterar el curso del proceso seguido en su contra a cambio de un beneficio económico”.
Lo que exigiría el fiscal
El documento establece que el imputado exigió a Canaán 200.000 dólares, un vehículo Mercedes Benz 350 o 450 negro y también mostró interés en un reloj Rolex.
Asimismo, afirma que Canaán regateó y ofreció al fiscal investigado US$ 150.000 y un autobús Volvo o Mazda. Valdez Alcántara aceptó el pago de 150.000 dólares, pero no el Volvo ni el Mazda, pero insistió en el Mercedes Benz, a lo que el coaccionado tuvo que acceder.
El MP sostiene que, una vez acordado el soborno, se formó un equipo para dar seguimiento y documentar la entrega del dinero. Este equipo estuvo comandado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones Policiales y varios miembros de la institución, así como por el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, adscrito a la Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales.
