Luego de tres días de intensos debates, 13 de los 26 imputados por el caso Senasa 2.0 admitieron su participación en la red y pidieron disculpas ante el tribunal, mientras otro grupo de imputados, integrado por médicos y profesionales de la salud, intentó restar importancia a la severidad del proceso justificando sus acciones con la presentación de títulos académicos y afirmando haber recibido menores cantidades.
Ante este escenario, el Ministerio Público flexibilizó el pedido de medida coercitiva para los 13 colaboradores, solicitando al juzgado arresto domiciliario, al tiempo que mantuvo firme el pedido de 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo para los demás involucrados.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, se reservó el fallo y fijó la lectura de la decisión para mañana domingo a las 19:00 horas.
el procesado
Entre los imputados para quienes la fiscalía solicitó 18 meses de prisión y un caso complejo se encuentra Angeury Guzmán Vázquez, Staky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova.
Asimismo, los doctores Ysabel Heredia Vallejo, Juan Henry Pouriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Marta María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Wander Manuel Díaz Encarnación y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
Grupo que admitió hechos
Incluye a Heridy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einsten Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Inoa Olivero, Elgels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mecedes Lugo, entre otros colaboradores.
Caso Senasa 2.0
Fuerza de la evidencia
Wilson Camacho, director de Fiscalía de la Procuraduría General de la República, atribuyó la «correlación» del grupo de imputados a la «contundencia» de la investigación sustentada en las 706 pruebas presentadas, y dijo estar seguro de que el tribunal aceptará sin variaciones el pedido realizado por el órgano fiscal.
no se trata de dinero
Por su parte, Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Anticorrupción (PEPCA), cuestionó los reclamos de las defensas del grupo restante, quienes intentaron evadir la prisión preventiva depositando documentos académicos que no desvirtúan el peligro de fuga ni la gravedad del daño causado al Estado.
«Este no es un tema de montos sino del derecho a la salud», enfatizó Ortiz ante el juez, rechazando categóricamente cualquier intento de minimizar el fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) a partir de las sumas de dinero que recibe cada uno de los imputados.
«Querían afirmar que si recibían poco, eso no constituye delito. Nada más lejos de la verdad. El bien jurídico tutelado en este proceso no reside en la cantidad de dinero recibido, sino en un derecho fundamental: el derecho a la salud de los ciudadanos», subrayó el representante del MP.
Ortiz también recordó que según las propias declaraciones de varios acusados, una parte sustancial del esquema corrupto «se operó mediante pagos de sobornos en efectivo» para evitar el seguimiento bancario.
