Como parte de las investigaciones del llamado caso «SeNaSa 2.0»el Ministerio Público, con el apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional, habría realizado una serie de redadas simultáneas en el Gran Santo Domingo, Santiago y otras provincias del país.
Extraoficialmente se supo que durante la ejecución de estos allanamientos Innumerables profesionales de la salud habrían sido detenidos que estarían siendo interrogados en la sede del órgano de persecución y, además, que Se habría ordenado el cierre de algunos laboratorios clínicos.
Entre las intervenciones realizadas en el área metropolitana, se reporta, aún sin confirmar, búsquedas de unos 29 médicos y unos siete laboratorios.
En Santiago un médico fue detenido cuando se disponía a realizar una procedimiento quirúrgico.
Hasta el momento, la PGR no ha emitido ningún informe oficial, por lo que se encuentra a la espera de confirmación formal para ofrecer el informe final con los detalles correspondientes, incluidos los nombres de los afectados.
Se recuerda que el titular de la Dirección de Fiscalía del Ministerio Público, Wilson Camachohabía afirmado que estaban trabajando «a toda velocidad» para llevar la fase de juicio a los tribunales en el menor tiempo posible. Operación Cobra 2.0.
«No paramos nunca. Seguimos trabajando con esa versión que hemos judicializado: la Operación Cobra, y estamos trabajando a toda velocidad para que en el menor tiempo posible tengamos la próxima versión en los tribunales, tal como dijimos, que habrá una versión 2.0», dijo.
Señaló que el órgano de fiscalía actúa judicialmente cuando tiene pruebas suficientes, y agregó: “Cualquiera que haya robado dinero al Estado se va a sentar en el banquillo”, afirmó el magistrado.
Operación Cobra
Cabe señalar que, en la Operación Cobra, el Ministerio Público imputa a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa e señalado como cabecilla de la red de corrupción, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, a quienes se les impusieron medidas coercitivas.
