MÉXICO. AP. Tres comisiones del Senado iniciaron este domingo el análisis de una ambiciosa reforma energética que busca cambiar el rostro de la industria petrolera de México al proponer que la iniciativa privada pueda explorar y explotar el crudo, algo prohibido en el país desde hace más de siete décadas.
En medio de la oposición de legisladores de izquierda, que han prometido librar una batalla dentro y fuera del Congreso para intentar frenar el avance de la iniciativa, legisladores oficialistas y conservadores defendieron la propuesta bajo el argumento de que sin cambios profundos al marco constitucional Será imposible fortalecer el sector energético de México, la segunda economía de América Latina.
La reforma, analizada inicialmente por estas comisiones del Senado antes de ser enviada al pleno, permitiría al Gobierno otorgar contratos de exploración y extracción de petróleo y gas natural a empresas nacionales y extranjeras, como las gigantes transnacionales Exxon y Chevron, algo que que permanece prohibido desde la primera mitad del siglo XX.
Impulsada por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido Acción Nacional (PAN), la iniciativa propone reformar tres artículos de la Constitución para permitir, entre otras cosas, otorgar licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos, además a abrir la posibilidad de otorgar a las empresas contratos de servicios públicos y también producción compartida.
Desde que en 1938 se nacionalizó la industria petrolera (que para muchos mexicanos es un símbolo de soberanía), la exploración y producción de crudo ha estado en manos exclusivas de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), como se plantea en la propuesta de reforma. . es decir, un competidor con ciertas preferencias, como ser el primero en elegir los campos en los que participará.
«Esta reforma constitucional no es opcional… es imperativa», dijo el senador Raúl Gracia, del PAN, quien señaló que si bien la producción de crudo ha ido disminuyendo, la capacidad técnica y económica de Pemex es insuficiente para extraer los hidrocarburos necesarios.
David Penchyna, del PRI y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara alta, aseguró que el petróleo y todos los hidrocarburos seguirán siendo «propiedad» de los mexicanos, en alusión a las posiciones de izquierda de que el plan busca privatizar la industria.
«Lo que es innegable, lo que es rotundamente concluyente es que lo que seguirá siendo de los mexicanos es la propiedad de sus recursos energéticos», dijo Penchyna, uno de los principales negociadores del PRI en la preparación de la reforma energética.
Dolores Padierna, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que lo que se busca es privatizar la industria petrolera para beneficiar a empresas extranjeras, particularmente de Estados Unidos.
«Ningún esquema de privatización es aceptable y rechazamos categórica y definitivamente esta llamada reforma energética», afirmó el legislador.
Para la izquierda, en México las privatizaciones no se han traducido en mejoras para la población y consideran que no es necesario modificar la Constitución, sino sólo leyes secundarias que fortalezcan a la estatal Pemex y le permitan ampliar su capacidad inversora.
La propuesta de reforma va más allá de la presentada originalmente por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto, que sólo incluía acuerdos para compartir ganancias, pero no la producción. Tampoco propuso otorgar licencias.
La producción de petróleo crudo en México tuvo su pico más alto en 2004, al obtener alrededor de 3.4 millones de barriles diarios en promedio. A partir de 2005 comenzó a disminuir y actualmente se sitúa en unos 2,5 millones de barriles diarios.
Los izquierdistas sostuvieron durante el primer día de debate que las cifras de contratos y licencias son una forma de ocultar un intento de privatización, al querer permitir el ingreso de capital privado a toda la cadena productiva que hasta hoy sólo está en manos de Pemex. .
«Privatizar es transferir una empresa o una actividad pública al sector privado, eso está claro, vaya al diccionario», dijo el senador Zoé Robledo, del PRD.
La sesión de análisis se convirtió en una jornada de afirmaciones y refutaciones por ambas partes.
El proyecto «nos permite garantizar la inyección de recursos y tecnología, reafirmando… la propiedad nacional de los hidrocarburos», dijo Francisco Domínguez, senador del PAN.
Para Mario Delgado, del PRD, sin embargo, los promotores sólo repiten mentiras como que el petróleo será propiedad de los mexicanos.
«Ya no será de los mexicanos, porque se permite registrar el petróleo como parte del patrimonio de empresas extranjeras y ahora también se permite contratar con licencias que se pagarán con petróleo», afirmó el izquierdista.
Las comisiones del Senado tienen previsto discutir el proyecto al menos el domingo y el lunes antes de someterlo a votación y pasarlo al pleno, donde los partidos gobernantes y conservadores podrán obtener (con el apoyo de los partidos minoritarios) los dos tercios necesarios para aprobarlo.
El debate se produce mientras las instalaciones de la cámara alta están rodeadas de vallas metálicas y cientos de policías ante las protestas de seguidores de izquierda que han acudido a diario a la zona para expresar su oposición.