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viernes, noviembre 6, 2026
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Santiago Peña pide 72 horas para defenderse en juicio político en Paraguay

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Lency Alcántara

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa, tras recibir una notificación oficial que, según él, le da tiempo insuficiente para responder a las acusaciones presentadas en su contra.

En comunicación dirigida al presidente del Senado paraguayo, Basilio Núñez, de fecha este viernes 6 de noviembre de 2026, Peña explicó que recibió la notificación a las 22.15 horas del jueves 5 de noviembre, acompañada de un libelo acusatorio de 15 páginas y aproximadamente 300 páginas de anexos.

En el documento, el presidente argumentó que, al tratarse de un procedimiento que podría derivar en una sanción, se deben garantizar las condiciones del debido proceso, incluido el tiempo necesario para seleccionar un abogado de confianza, examinar las pruebas y preparar los argumentos de la defensa.

En el documento, el presidente argumentó que, al tratarse de un procedimiento que podría derivar en una sanción

«Sin duda un plazo inferior a 12 horas es insuficiente para que un proceso cumpla con los estándares del Estado de derecho», expresó Peña en la comunicación, mediante la cual solicitó formalmente las 72 horas adicionales.

Se defenderá ante los ciudadanos.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Peña también afirmó que presentará al público su versión de los hechos, aunque reconoció que su postura podría resultar incómoda para distintos sectores políticos.

«Voy a exponer mi verdad a todos los ciudadanos, aunque resulte incómodo para muchos actores políticos. «Nunca rehuiré mi compromiso con la gente, especialmente en tiempos difíciles», escribió.

El pedido se da en medio del juicio político aprobado por la Cámara de Diputados con 78 votos a favor, en relación a la crisis del Banco Ueno y cuestionamientos sobre supuestos conflictos de intereses, nombramientos y manejo de recursos del Instituto de Seguridad Social (IPS).

El proceso pasó al Senado, que debe actuar como órgano juez y decidir si procede la destitución del presidente.

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