No quiero agruparlos a todos, pero definitivamente tenemos que protegernos de algunos políticos. A quienes no les importa que se mutilen derechos fundamentales –que se jodan los demás– para imponer sus intereses actuales.
De Maquiavelo Se dice que el fin justifica los medios. Es lo mismo que decir que no importa cómo a la hora de alcanzar el poder. Estoy de acuerdo, pero siempre y cuando contextualicemos “los medios”. No es lo mismo la Italia fragmentada y renacentista del siglo XVI, que se debate entre guerras e invasiones, que los valores que rigen el Estado social y democrático de derechos en el siglo XXI, plasmados en el papel de nuestra Constitución.
Tampoco me equivoco, no aspiro al concepto de teoría clásica de la democracia esbozado por los filósofos utilitaristas del siglo XVIII; quizás, sí a la poliarquía de Dahl, en el entendido de que como sistema político se trata de grupos organizados que participan en un debate abierto y plural.
Es inconcebible que en una sociedad que se rige por el Estado de derecho, el organismo facultado para organizar las elecciones, la JCE –por un organismo presentado por la Fuerza del Pueblo– emita un reglamento el 22 de mayo prohibiendo la publicación de encuestas con fines electorales. Imponer unívocamente una visión autoritaria que beneficie políticamente a un solo partido. Quizás dos, porque la resolución fue defendida muy tímidamente por el ministro de la presidencia José Ignacio Paliza.
Lo triste es que no tuvieron en cuenta que la democracia se fortalece con el debate y el principal instrumento de los científicos para alimentar la discusión pública son las encuestas que no sólo registran simpatías, valores y actitudes de quienes aspiran a ostentar el poder sino que también sopesan los problemas nacionales, las expectativas de las personas que los rodean, y permiten a los medios obtener esta información para servirla a los ciudadanos.
¿No se fortalece la democracia con una ciudadanía más informada?
La vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión y difusión del pensamiento. La libertad de empresa. El derecho de los ciudadanos a recibir información, el absolutismo de querer regular los derechos fundamentales mediante normas ya ha sido ampliamente debatido por los constitucionalistas, los de verdad. Académicos que continuamente aportan sus ideas al debate público.
¿Cómo es posible que los magistrados de la JCE no hayan consultado fuentes acreditadas como estas? ¿Por qué destruir la credibilidad bien ganada por la carpintería del doctor Román Jaquez y un pleno que devolvió la credibilidad a una institución que quedó sepultada con la suspensión de las elecciones de 2020?
El principal argumento de la resolución son los “efectos nocivos” que generan en la ciudadanía, supuestamente sabiendo que el nivel de simpatías de los actores políticos alteraría la sana y libre competencia entre quienes aspiran y no aparecen en ellas. ¿Cuál es el fundamento democrático de este enfoque? ¿Es perjudicial para los ciudadanos tener una idea clara y objetiva sobre las simpatías de los actores políticos, el nivel de conocimientos, actitudes y valores que representan, sus ideas sobre la sociedad, la economía, la política, el Estado? ¿Qué se pretende en última instancia con vaciar la democracia de su contenido? ¿Cómo podemos prescindir de encuestas creíbles realizadas por empresas contratadas por los medios de comunicación? ¿Imaginemos un escenario donde no hubiera encuestas y estemos llenos de subjetividades, sin información veraz que nos permita construir un análisis riguroso y sólo nos «edifiquemos» a través de las manipulaciones de los políticos?
En consecuencia, tenemos que blindar la democracia de este tigueraje y para eso necesitamos una prensa cada vez más autónoma. Además; intelectuales, académicos, empresarios y grupos organizados que influyen en el debate público expresando abiertamente sus ideas. Aclarar las cuestiones y no confundirlas y silenciarlas como quienes pretenden imponer sus resoluciones antidemocráticas a través del poder que ostentan en las instituciones.
