Este miércoles, Japón lanza su particular sistema de custodia compartida tras el divorcio, convirtiéndose en la última potencia del G7 en introducir esta medida en su legislación pero que, en el caso de Tokio, plantea dudas sobre el alcance de una reforma que pretende solucionar el problema de los llamados secuestros parentales.
Quienes defendieron esta medida en el país afirmaron que la custodia compartida podría ayudar a los menores a mantener las relaciones con ambos padres tras el divorcio, mientras que los opositores advirtieron que podría dificultar que las víctimas de violencia de género rompan los vínculos con sus exparejas.
Sin embargo, tras la aprobación de la reforma en 2024, incluso algunas organizaciones que llevaban años luchando por la custodia compartida tras ser parte afectada se han mostrado pesimistas sobre su alcance por la falta de mecanismos para obligar a los padres a aplicarla en casos conflictivos.
Una medida sin cambios
El director ejecutivo de Bring Abducted Children Home (BAC Home), Jeffery Morehouse, explica a Efe que lo que solicitan los padres afectados es dedicar tiempo a criar a sus hijos. «No es custodia compartida. Lo que están cambiando es la opción de la patria potestad compartida, que es simplemente la toma de decisiones jurídicas en el proceso de cuidado de tu hijo», lamenta.
Morehouse, que vio cómo su exmujer se llevaba a su hijo a Japón en 2010 cuando él tenía la custodia legal en Estados Unidos, reconoce que esta ley «no cambiará nada» en su caso personal, ya que su hijo ya es mayor de edad.
Pero incluso en los casos en los que la medida es relevante, defiende, la reforma no crea una nueva norma, ya que no especifica el horario de visita de los padres.
«¿Necesitamos siquiera esa opción?» —Pregunta Morehouse. Por ello, el director de BAC Hogar pide no aplaudir la medida «antes de que realmente se produzca un cambio».
Incentivos para los secuestros parentales
En la misma línea se pronuncia el presidente de la ONG japonesa Kizuna Child-Parent, John Gómez, que critica que Japón «incentiva» a quienes «secuestran» niños concediéndoles la custodia, y asegura que conoce casos en los que los abogados recomiendan «secuestrar» al menor «porque conocen el sistema».
«Es necesaria una transformación social absoluta», cree, porque hay «falta de interés» por parte de las autoridades para implicarse en «problemas individuales».
Gómez, un estadounidense de raíces españolas que reside en Japón desde hace más de 30 años, considera que la aprobación de esta medida, en la que ve «muy poco beneficio», es una forma de «aliviar la presión internacional y local», ya que carece de capacidad para aplicar la ley al no haber desarrollado herramientas para sancionar a quien «secuestra» al niño.
Protección de víctimas de violencia de género
Por su parte, la presidenta de la asociación japonesa Madres Solteras, Masako Komori, explica que su organización se posicionó desde el principio en contra de la custodia compartida porque en Japón la eficacia de la protección a las víctimas de violencia de género «es muy débil».
«Creo que es positivo que las exparejas cuyas relaciones no son violentas permitan que sus hijos interactúen con ellas o que los padres participen en su crianza. Pero hay muchas áreas que necesitan mejorar en cuanto a cómo abordar la violencia que supone un riesgo para la vida», argumenta en declaraciones a Efe.
Por eso les preocupa que dicha violencia «siga incluso después del divorcio», ya que, aunque en teoría estos casos están excluidos de la custodia compartida, «el problema es que hay muchos casos en los que es sumamente difícil demostrar que dicha violencia existe».
Aunque destaca que la postura de las Madres Solteras es que los hijos ven más a sus padres, reprocha que en los casos que ella conoce, «simplemente han desaparecido». «Casi no tienen ningún interés en criarlos», afirma Masako.
Modificación de la patria potestad
La histórica reforma para permitir la custodia compartida tras el divorcio, que fue aprobada en 2024 pero entra en vigor este miércoles, se suma a la custodia exclusiva ya existente en el Código Civil japonés.
La nueva medida permitirá a los padres divorciados elegir entre ambas opciones, pero si no llegan a un acuerdo intervendrá un juzgado de familia, y cuando se trate de situaciones en las que exista riesgo de violencia, el juez deberá otorgar la custodia exclusiva.
El sistema implica que ambos progenitores tienen derecho a tomar decisiones sobre asuntos como la educación o la salud del menor, y también a cumplir con responsabilidades como la manutención y las visitas, pero no garantiza una convivencia igualitaria ni impone un límite horario específico.
