La República Dominicana no tiene un problema de terremotos. Tienes un problema de preparación. Vivimos encima de una de las zonas sísmicas más activas del Caribe y, sin embargo, seguimos respondiendo a grandes emergencias con improvisación, equipo insuficiente y dependencia de la ayuda externa. Nuestra capacidad de respuesta sigue siendo una deuda histórica que ninguna tragedia ha podido pagar.
Los acontecimientos recientes lo confirman claramente.
El caso más reciente, asociado al colapso en el entorno del Jet Set, reveló algo más profundo que la tragedia misma: la insuficiencia operativa del Estado para responder a una emergencia compleja en tiempo real. No había suficiente maquinaria especializada para mover escombros a gran escala, ni escáneres adecuados para detectar posibles supervivientes bajo las estructuras derrumbadas. La respuesta terminó dependiendo, en parte, de la llegada de apoyo desde Puerto Rico, no sólo en personal capacitado, sino también en equipo esencial.
Ese escenario plantea una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que un país en una zona sísmica no tenga una autonomía mínima para responder a un colapso estructural a gran escala?
A esto se suma otra dimensión igualmente crítica: la ausencia de un protocolo sólido y sostenido para la gestión de víctimas en escenarios de desastres. La capacidad forense es limitada, no hay suficientes patólogos y la infraestructura de la morgue no está preparada para manejar los picos de mortalidad resultantes de eventos masivos. La gestión de los cadáveres, su identificación y preservación se convierte en un cuello de botella que agrava el dolor y la incertidumbre de las familias.
El otro antecedente que no se puede olvidar es el colapso del talud de la avenida 27 de febrero, ocurrido en noviembre del año pasado. Allí las personas permanecieron más de cinco horas sin poder ser rescatadas. La escena final fue aún más reveladora: una grúa de una empresa privada acabó siendo decisiva para mover la gran masa de hormigón que impedía el acceso a las víctimas. Una vez más, la improvisación reemplazó a la planificación.
Estos episodios, separados en el tiempo pero unidos por un mismo patrón, revelan una realidad estructural: la respuesta a las emergencias en República Dominicana depende demasiado de la suerte, la solidaridad externa o la iniciativa privada, y muy poco de una capacidad estatal consolidada.
El reciente terremoto en Venezuela ha vuelto a encender las alarmas en la región. Las imágenes de destrucción y la dificultad de una respuesta inmediata han mostrado algo que trasciende fronteras: incluso en países dispuestos a ayudar, la falta de equipamiento, tecnología y logística limita la acción en los momentos más críticos.
La República Dominicana debería mirarse en ese espejo sin complacencia. No para generar alarma, sino para asumir una verdad incómoda: la resiliencia no se improvisa, se construye. Y se construye antes de la tragedia, no durante ella.
Porque cuando el suelo se abre o el hormigón cede, no hay discursos que sustituyan a las grúas, ni voluntades que sustituyan a los protocolos. Lo único que queda es la capacidad real de respuesta. Y ese todavía está en construcción.
