El juicio contra cuatro hombres acusados en Estados Unidos de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021 comenzó este lunes en un tribunal federal de Miami con selección del jurado, en un caso donde otras cinco personas ya han sido condenadas a cadena perpetua.
Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages Se les acusa de conspirar en el secuestro y asesinato de Moïse, cometido por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos, el 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville, en las afueras de Puerto Príncipe.
Otro imputado, Christian Sanon, iba a ser juzgado por este mismo caso, pero no comparecerá por problemas de salud y será juzgado en una fecha aún por determinar.
Los documentos judiciales revelan que, entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida “sirvió como un lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moïse y reemplazarlo por alguien que sirviera a los objetivos políticos y los intereses financieros de los conspiradores”.
Otras cinco personas fueron condenadas a cadena perpetua entre 2023 y 2024 por su participación en el magnicidio, mientras que una sexta recibió una pena de nueve años de prisión después de que el juez entendiera que no tenía conocimiento del plan cuando financió el envío de chalecos antibalas a los conspiradores en Haití. Se espera que los seis testifiquen contra los acusados junto con agentes federales.
Además, más de medio centenar de personas han sido acusadas en Haití en relación con el magnicidio, entre ellas la viuda de Moïse y los 17 exmilitares colombianos, aunque el proceso está paralizado debido a la extrema inseguridad que vive el país.
El inicio del juicio en EE.UU. se retrasó debido a la enorme cantidad de pruebas, así como a las dificultades de la defensa para recabar declaraciones de algunos de los colombianos detenidos en Haití debido a la violencia de las pandillas y la crisis política que vive el país.
Según la acusación, el objetivo de los conspiradores era que Sanon sustituyera a Moïse como presidente de Haití. Una vez en el poder, adjudicaría contratos a una empresa en Doral vinculada a Intriago y Ortiz, y para la cual Solages actuaba como enlace en Haití.
Además, Veintemilla supuestamente prestó dinero para la operación a través de su empresa Worldwide Investment Development Group, también con sede en Florida.
El plan fue vendido inicialmente al ejército colombiano como una operación de arresto legal respaldada por agencias de Estados Unidos, ya que Ortiz y Joseph Vincen, uno de los primeros cinco condenados, tienen un pasado como ex informantes del FBI y de la Agencia Antidrogas (DEA).
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Este punto será un punto de fricción durante el juicio, ya que los abogados defensores alegan que sus clientes estaban convencidos de que contaban con la aprobación de Estados Unidos.
Según el relato de algunos de los condenados, el plan cambió cuando los cabecillas de la trama dieron la orden directa de matar al presidente tras intentos fallidos de captura.
La crisis humanitaria tras el asesinato
La muerte de Moïses dejó un vacío de poder en Haití que permitió a las pandillas tomar el control del país, desencadenando una crisis humanitaria y de inseguridad.
Ambos factores desencadenaron la migración de haitianos a otros países, incluido Estados Unidos, especialmente a Florida, donde muchos de ellos enfrentan el temor de que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, elimine el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege a 350.000 haitianos de la deportación.
Aunque la Administración ha hecho varios intentos de revocar esta medida, varios tribunales se han opuesto a ella alegando que el regreso de los migrantes a Haití los expondría a la violencia.
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