La Cámara de Diputados se prepara para aprobar antes del día 26 de julio la reforma a la Ley de Residuos Sólidos, uUna pieza que introduce modificaciones sustanciales en el sistema de financiación y en la regulación del plástico y productos derivados.
Entre los cambios más relevantes está la creación de una contribución especial obligatoria para todas las personas jurídicas, entidades gubernamentales y patrimonios autónomos que reporten ingresos.queda en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Las contribuciones estarán vinculadas al nivel de ingresos anuales y se asignarán a un fondo para mitigar los efectos negativos de la eliminación de residuos y desarrollar un sistema de gestión integral.
El esquema establece que las empresas con ingresos de hasta cinco millones de pesosLlevarán RD$3,500, mientras que aquellos con ingresos superiores a 500 millones deberán entregar RD$675,000. Los montos serán liquidados anualmente ante la DGII, con opción de pago semestral, y transferidos al Tesoro Nacional para su depósito en el fideicomiso creado por ley.
La normativa establece que los recursos se destinarán al financiamiento de alcaldías y distritos municipales, así como en la operación de estaciones de transferencia, vertederos, plantas de valorización de residuos sólidos urbanos y proyectos integrados, bajo la supervisión del Directorio del fideicomiso.
A nivel ambiental, la ley establece que sólo se permitirá un vertedero por provincia y una planta procesadora por cada diez regiones en un radio de 70 kilómetros, con excepción de la región de Ozama por su densidad poblacional. Además, la espuma debe biodegradarse un 20% en el primer año y un 90% en cinco años, y está prohibida la importación de pajitas, cubiertos de plástico y vasos de poliestireno sin certificación de biodegradabilidad.
