Luego de acoger la solicitud del Ministerio Público, a través de la Subprocuraduría General del Sistema Eléctrico (PGAS), un tribunal de Barahona dictó orden de apertura de juicio contra un hombre acusado de cometer fraude eléctrico en perjuicio del Estado dominicano y del sistema energético nacional.
Leonel Emilio Novas de León fue procesado tras una denuncia presentada por Edesur Dominicana que llevó al Ministerio Público a realizar un allanamiento al inmueble ubicado en la calle Principal, sector El Manantial, en Santa Elena, provincia de Barahona, arrendado a Novas de León.
En la audiencia, los fiscales Freddy Guzmán Liberato y Ángel A. Arias Méndez mostraron al juez Daniel Emilio Medina Pimentel, del Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Barahona, las pruebas irrefutables que justifican el envío a juicio de Novas de León.
El imputado pilló el delito en flagrante delito, en violación de los artículos 124-2.125 letra C y 125-2 letra B, numeral 4 de la Ley General de Electricidad (125-01), modificada por la Ley 186-07, que tipifican y sancionan el robo de energía, la alteración de sistemas de medición y el establecimiento de conexiones clandestinas o ilegales.
En el sitio fueron encontrados tres transformadores de 100 KVA en un galpón con techo de zinc rosa y al fondo un galpón con estructura metálica de color negro, revestido en Aluzinc, el cual tenía conexión directa ilegal al circuito de Edesur Dominicana.
Mediante esta modalidad de hurto, el imputado consumió un millón ochocientos noventa y dos mil setecientos cuarenta y cinco kilovatios (1.892.745 KWH) y mil quinientos setenta y siete punto sesenta y cinco KW (1.577,65 KW), lo que equivale a un monto dinerario a recuperar por la empresa Edesur Dominicana, de 18 millones 188 mil doscientos 241,9 pesos.
Los representantes del Ministerio Público reafirmaron el compromiso de la PGASE en la persecución del delito eléctrico en todas sus modalidades y con ello los daños que causa a la población dominicana.
«El fraude no sólo representa severos daños económicos al Estado y a las empresas distribuidoras, sino que también constituye un peligro inminente para la seguridad física de las comunidades debido a conexiones irregulares», afirmaron los representantes del órgano fiscal.
