El Consejo de Ministros reunido ayer aprobó el proyecto Presupuesto General del Estado para 2027. La propuesta contempla un techo de gasto de alrededor de RD$1.84 billones, equivalente al 19.2% del PIB, y un déficit estimado en alrededor del 3.4%. El marco presupuestario supone un crecimiento económico del 4,75% y una inflación media del 4,5%. Aún es pronto para evaluar un documento que deberá ser discutido por el Congreso, aunque las primeras noticias apuntan en una dirección mínimamente razonable.
En sus explicaciones, el ministro de Hacienda y Economía llamó especial atención a la inversión pública, que a lo largo del actual Gobierno ha mantenido niveles reducidos respecto a las necesidades de infraestructuras y servicios públicos. Explicó que el gasto de capital aumentaría alrededor del 20% en comparación con el presupuesto inicial de 2026 y rondaría 2,7% del PIB. Detrás de esa modesta cifra está la camisa de fuerza resultante de un ingreso limitado, un gasto corriente rígido por razones tanto administrativas como políticas, y una regla fiscal que restringe el crecimiento del gasto primario sin distinguir entre gasto corriente e inversión.
Las circunstancias nos obligan a seguir postergando el desafío de ampliar el espacio fiscal para que la inversión pública alcance el nivel deseable. Independientemente de los ingresos, abordarlo requeriría revisar los subsidios y, sobre todo, reducir las grandes transferencias que requiere cada año un sistema de distribución eléctrica que sigue generando enormes pérdidas. Aún no sabemos hasta qué punto el debate sobre Consejo de Ministros ahondamos en esos problemas subyacentes y nos quedamos, por el momento, con el presupuesto viable. Por supuesto, no es el que deberíamos tener.
