Puerto Príncipe.- Menores de edad, víctimas del hambre y la pobreza, son reclutados en Haití por bandas armadas en las que son obligados a realizar actos delictivos y sufrir abusos, por lo que las autoridades deben dar prioridad a su protección y reintegración La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó este miércoles.
En un informe sobre la situación de estos menores elaborado tras una visita a Puerto Príncipe el pasado mes de julio, esta ONG alerta de que en los últimos meses cientos de menores en Haití, si no miles, se han unido a grupos armados, que han intensificado el reclutamiento de estos chicos en respuesta a las operaciones de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, encabezada por Kenia, y la Policía Nacional.
Ante esto, «el gobierno de transición haitiano debería brindar protección, acceso a bienes y servicios esenciales, especialmente educación, y posibilidades legales para la rehabilitación y reintegración» de estos menores, cuyas opciones de supervivencia eran limitadas y que fueron atraídos por grupos criminales en los que cometen actividades ilegales y se exponen a graves riesgos, según Nathalye Cotrino, investigadora de la división de Crisis y Conflictos de HRW.
Aunque no hay datos oficiales disponibles, organizaciones humanitarias y de derechos humanos estiman que al menos el 30% de los integrantes de las pandillas son menores de edad, grupos armados que tienen en su poder el 80% de Puerto Príncipe y su área metropolitana. y que tienen bajo su control a alrededor de 2,7 millones de personas, de ellas medio millón de niños, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Según contaron a HRW algunos de los menores, el hambre fue el principal factor que los empujó a unirse a las pandillas o llevó a sus familias a permitirles unirse a ellas, como única forma de conseguir comida, alquiler y techo en muchas ocasiones.
Los menores de estas pandillas participan en actividades criminales como extorsión y saqueo e incluso secuestros y asesinatos, mientras que las niñas están particularmente expuestas a la violencia sexual dentro de la propia pandilla.
Si se niegan a participar en actos delictivos, son maltratados, golpeados o amenazados de muerte, dicen los menores, que también tienen que enfrentarse a la policía y a grupos rivales y de autodefensa.
De enero a junio, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) ha documentado casos de ejecuciones sumarias y linchamientos de menores.
Aunque agencias de la ONU y entidades locales han puesto en marcha iniciativas para apoyar a menores previamente vinculados a grupos, el Gobierno no tiene una estrategia global al respecto y necesita recursos.
Pero para hacer esto, es necesario fortalecer el apoyo internacional a iniciativas que incluyan la protección de estos menores (especialmente a través del acceso a la educación), vías legales que les permitan salir de las pandillas y el acceso a la justicia.
Para Cotrino, «el gobierno de transición debería priorizar la protección de los menores involucrados en las actividades de grupos criminales mediante la implementación de programas específicos de desarme, desmovilización y reintegración, así como un enfoque más amplio, con mayor apoyo financiero para garantizar su acceso a la educación y otros servicios esenciales.
En su opinión, «responder a las necesidades urgentes de los menores en el marco de un entorno protector, como la escuela, puede contribuir a proporcionar apoyo psicosocial, promover la inclusión social y prevenir el reclutamiento».