Durante años hemos invertido gran parte de nuestros esfuerzos en fortalecer las respuestas institucionales de protección. Quizás haya llegado el momento de preguntarnos si estamos dedicando la misma energía a fortalecer las condiciones generales de prevención.
Entiendo que ningún fenómeno social puede entenderse de forma aislada. Los niños y las niñas no existen separados de sus familias; las familias no existen separadas de sus comunidades; Las comunidades no existen separadas de las instituciones públicas. Cuando uno de estos elementos se debilita, los efectos acaban extendiéndose a todo el sistema.
A menudo asignamos a una sola institución la responsabilidad de resolver problemas que en realidad son el resultado de múltiples factores acumulados. Esperamos que el CONANI resuelva situaciones originadas por la pobreza, la violencia, la exclusión educativa, la precariedad de los servicios de salud mental, las desigualdades territoriales o la ausencia de redes de apoyo comunitario; sin embargo, ninguna institución puede reemplazar lo que la sociedad dejó de construir.
Pensar en protección implica reconocer que la seguridad de la niñez depende de todos y que un ambiente protector es aquel donde los niños y niñas pueden desarrollarse libres de violencia, pero también donde tienen oportunidades educativas, acceso a la salud, apoyo emocional, participación social y relaciones significativas que fortalezcan su bienestar.
Considerando esto, comparto 10 recomendaciones que pueden asegurar garantías de no repetición de casos de desprotección dentro y fuera de espacios residenciales o viviendas de tránsito:
Primero, fortalecer los programas de apoyo familiar antes de que la separación familiar se convierta en la única alternativa posible. La mejor protección infantil sigue siendo una familia que tenga las condiciones sociales, económicas, emocionales y culturales necesarias para cuidar.
En segundo lugar, aumentar la inversión pública en salud mental comunitaria, especialmente para niños, adolescentes y cuidadores. Muchos de los factores que acaban produciendo desprotección tienen un importante componente emocional y psicosocial que suele abordarse demasiado tarde.
En tercer lugar, consolidar un sistema nacional de detección temprana que reúna a escuelas, centros de salud, gobiernos locales, organizaciones comunitarias y entidades de protección para identificar señales de riesgo antes de que evolucionen a situaciones críticas.
Cuarto, ampliar significativamente los programas de familias de acogida, de modo que más niños y niñas puedan crecer temporalmente en entornos familiares mientras se resuelven sus procesos de protección, reduciendo así la necesidad de institucionalización prolongada y aumentando colateralmente la corresponsabilidad social.
Quinto, fortalecer los programas de preparación para la vida independiente dirigidos a adolescentes que saldrán de espacios residenciales, garantizando el acceso a la educación, formación técnica, empleo, vivienda y apoyo emocional durante la transición a la edad adulta en coordinación con todas las instituciones que forman parte del Sistema de Protección.
Sexto, profesionalizar permanentemente al personal que labora en espacios residenciales administrados por el CONANI y/o Organizaciones de la Sociedad Civil, incorporando capacitación especializada en trauma, salud mental, metodologías participativas, reparación de daños, resolución de conflictos, enfoque de derechos humanos, igualdad de género y participación infantil.
Séptimo, establecer mecanismos periódicos e independientes de supervisión y evaluación de los centros residenciales, encaminados no sólo a verificar la infraestructura y los procedimientos, sino también la calidad de las relaciones, el bienestar emocional y la protección efectiva de los derechos de quienes allí habitan.
Octavo, garantizar espacios reales de participación infantil dentro de los hogares de transición y otras modalidades alternativas de cuidado, para que niñas, niños y adolescentes puedan expresar sus inquietudes, detectar tempranamente alertas de riesgo, formular propuestas y participar en las decisiones que afectan su vida diaria.
Noveno, reducir los tiempos administrativos asociados a los procesos de protección. Cada expediente retrasado representa días, semanas o meses adicionales de institucionalización que podrían evitarse mediante una mejor articulación interinstitucional.
Y décimo, construir una política nacional para prevenir el abandono infantil que coloque a las familias y comunidades en el centro de la respuesta pública, entendiendo que la protección no comienza cuando un niño ingresa al CONANI, sino muchos años antes.
