Partiendo del hecho de que en República Dominicana La presión fiscal es extremadamente baja (14%) e inferior a la media regional del 21,7%, e incluso por debajo del umbral del 15% que los estudios económicos aceptan como mínimo, no hay ningún motivo válido -salvo el interés egoísta y apresurado- para oponerse rotundamente a la limitada iniciativa fiscal anunciada el jueves por el Gobierno.
Dirigido al público para su conocimiento general y debate adecuado sobre aspectos económicos y sociales. Razonablemente sujeto a paso por liderazgos sociales y políticos y contrastado en audiencias públicas del Congreso para la última palabra. Recibido con considerable aceptación por sectores no politizados, lo que sorprende por lo arraigada y visceral que ha sido la reticencia a realizar aportes directos al fisco. La configuración del paquete esbozado ayer reveló un ejercicio equilibrado de imposición y desgravación, modificando y suavizando esquemas para ganar aceptación en importantes segmentos de la población… lo que se logró aunque ningún foro representativo de la comunidad y de los intereses legítimos debería abstenerse de plantear objeciones a un proyecto de gran importancia para el futuro nacional.
Las cargas tributarias han sido rechazadas tan rutinaria y ligeramente que la sociedad ha parecido demasiado ajena a la función social de los impuestos con una por cierto contraproducente porque el Estado necesita una fuente prístina de recursos y ninguna mejor que la que le aportan los contribuyentes del universo poblacional medido con el mismo criterio recaudatorio y llamados permanentemente a ser destinatarios de los servicios e insumos que institucionalmente les son devueltos. Eso sólo falla cuando la podredumbre de la corrupción hace que quienes están cerca de quienes están en el poder se enriquezcan a su sombra con contratos y suministros.
El fisco posibilita una función social desdibujada por narrativas de diverso origen que en este entorno intentan desacreditarlo como un instrumento que sólo responde a los intereses de las minorías. De hecho, no existe otra forma más ética de captar recursos sin subordinarse a poderes de facto para costear las infraestructuras y pilares del Estado al que, entre otros fines, le corresponde redistribuir la riqueza y garantizar el bienestar.
