Ginebra- La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó este martes que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras las elecciones.
En un informe de 158 páginas que abarca el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y torturas sexuales y de género.
Las fuerzas de seguridad estuvieron “masivamente involucradas” en violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas o tratos crueles y degradantes, indica el documento, que señala como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN). y militares (DGCIM), así como de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional.
También asegura que «las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, especialmente después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia».
Otras instituciones destacadas en el informe son eel Consejo Nacional Electoral, que “no cumplió con medidas básicas de transparencia e integridad”, la Asamblea Nacional, “fundamental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”, o el sistema de justicia, que “siguió funcionando con falta de independencia.
Si bien informes anteriores de la misión establecida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones a los derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión “se amplió significativamente” en el período electoral, abarcando no solo a líderes de la oposición y organizaciones sociales. .
En el contexto electoral, los abusos también los sufrieron “ciudadanos comunes y corrientes, simplemente por demostrar su disconformidad con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades”, indicó.
La misión presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses previos a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y Durante la campaña electoral se produjeron otras 121 detenciones por colaboración en actividades de la oposición.
Este tipo de campañas “sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”, señala el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está integrado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.
La represión aumentó después de los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, “lanzaron una campaña sin precedentes de detenciones masivas e indiscriminadas”, con un número de detenciones que podrían contarse por miles, “sólo comparable a las protestas de 2014, 2017 y 2019”.