Las niñas dominicanas terminan la escuela secundaria en mayor proporción que los niños, pero este logro no las protege de la violencia, el embarazo adolescente o las normas sociales que limitan su desarrollo. Esta es una de las conclusiones del Análisis de la situación de niñas, niños y adolescentes en República Dominicana según sexo y normas sociales, que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hace público en esta fecha.
Los avances educativos de las niñas dominicanas deben ir acompañados de una protección efectiva contra la violencia, las uniones tempranas y el embarazo adolescente. Garantizar sus derechos significa crear entornos seguros, eliminar barreras sociales y garantizar que cada niña pueda desarrollar plenamente su potencial y construir su propio presente y futuro.
Más logros educativos, pero no más protección
El 71,4% de las adolescentes completan el segundo ciclo de secundaria, frente al 51% de los chicos. Aun así, el embarazo adolescente sigue siendo una barrera importante: el país registra 53 nacimientos por cada 1.000 niñas de entre 15 y 19 años. A esto se suma que una de cada cuatro adolescentes entre 15 y 19 años ha faltado a la escuela, al trabajo o a actividades sociales durante la menstruación por la falta de apoyo y condiciones adecuadas para su manejo menstrual.
La violencia sigue marcando sus trayectorias
Más de las tres cuartas partes de las adolescentes reportan haber experimentado algún tipo de violencia durante su niñez y adolescencia, y casi la mitad describe abuso en el ambiente escolar. Las niñas y adolescentes de 10 a 19 años tienen la mayor prevalencia de agresión sexual entre toda la población infantil y adolescente.
Progreso que debe mantenerse
El informe destaca avances importantes, como la prohibición del matrimonio de menores de 18 años, vigente desde la reforma del Código Civil de 2021, y la política nacional para prevenir las uniones tempranas y el embarazo adolescente con un horizonte de 2030. Sin embargo, persisten normas sociales y desigualdades que limitan el alcance de estas medidas, especialmente para las niñas rurales, migrantes y con discapacidad. En este contexto, es fundamental continuar fortaleciendo las políticas públicas, la coordinación interinstitucional y las acciones de prevención y apoyo, a fin de garantizar que los avances normativos se traduzcan en mayores oportunidades y protección efectiva para todas las niñas y adolescentes.
