Centroamérica es heredera de una economía colonial, antropocéntrica y extractiva, que ha dado forma a profundas desigualdades estructurales. Este modelo ha aumentado la vulnerabilidad climática de la región y su exposición a fenómenos extremos. Inundaciones, huracanes de alta intensidad y sequías prolongadas generan severos impactos que afectan desproporcionadamente a mujeres, poblaciones indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan condiciones históricas de exclusión. La vulnerabilidad climática es una expresión de vulnerabilidad estructural que el modelo extractivo reproduce y profundiza.
El avance sostenido de la minería, la agroindustria, los monocultivos, la deforestación y los megaproyectos inmobiliarios e hidroeléctricos intensifican las crisis ambientales y erosionan las condiciones de vida de quienes habitan los territorios más afectados. Según investigaciones realizadas por el Centro Humboldt, si bien el sector minero aporta entre el 1% y el 3% del PIB regional, más de 4,5 millones de hectáreas (una superficie equivalente al doble del territorio de El Salvador) están concesionadas, impactando comunidades enteras, áreas naturales protegidas, territorios indígenas, áreas agrícolas y fuentes de agua.
En este sentido, la justicia ambiental no puede reducirse a una discusión técnica sobre legislación, ni a narrativas centradas en el desarrollo o el crecimiento económico. Requiere garantías reales de participación, acceso efectivo a la justicia y protección para quienes defienden los territorios. Instrumentos como el Acuerdo de Escazú representan una oportunidad para avanzar en esa dirección, pero su alcance dependerá de cómo se implemente y para quién.
Participación en los procesos de toma de decisiones.
Escazú no se puede entender sin poner en el centro a las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades campesinas. Debe reconocerlos como artífices del acuerdo, sujetos políticos cuyas voces, saberes, luchas y formas organizativas son claves para la gestión sostenible de los territorios y la justicia ambiental en la región.
Quienes habitan, cuidan y sustentan la vida deben ser parte esencial de los procesos de toma de decisiones y no meramente consultivos. No incluirlos explícitamente en los mecanismos de gobernanza del Acuerdo hace que su participación sea simbólica y no vinculante. Reduce su papel como defensores del agua, la tierra y el territorio cuya condición de supervivencia material, cultural y espiritual ha operado históricamente a través de estructuras de explotación, apropiación y desposesión.
Reconocer políticamente sus condiciones y experiencias abre la puerta a una participación más plena y efectiva. Si bien el uso del término “público” de manera general diluye la especificidad de los impactos que enfrentan estas poblaciones, así como los obstáculos específicos que enfrentan para acceder a la información, la participación y la justicia.
Los Estados deben promover procesos transparentes y colaborativos que garanticen la participación de las personas en el diseño, desarrollo y retroalimentación de planes y hojas de ruta para la implementación del Acuerdo, asegurando tiempo y recursos suficientes. Construir hojas de ruta sin mecanismos reales de participación comunitaria sería darle continuidad al orden colonial que ha tomado decisiones sobre
los territorios de los pueblos sin contar a quienes los habitan. Hacerlo no sólo sería un error metodológico sino que también iría en contra de los principios de Escazú.
La participación transformadora es aquella que incluye sus memorias, prácticas, conocimientos y formas de relacionarse con la naturaleza y los ecosistemas, visibilizando el papel protagónico que desempeñan en la protección y rescate de bienes tangibles e intangibles. Y eso nombra también las condiciones históricas de exclusión y las desigualdades estructurales que persisten. Legitimar esta participación y contribución en todos los procesos del Acuerdo es un compromiso con la justicia racial y la justicia ambiental.
Escazú desde una perspectiva de género e interseccional
La crisis climática y la violencia extractiva no son neutrales. Sus impactos en cuerpos, territorios e identidades son diferenciados y recaen desproporcionadamente en la vida de mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, niños y personas LGBTIQ+.
Avanzar desde un enfoque de género e interseccionalidad implica desarrollar políticas y mecanismos que respondan integralmente a factores como género, etnia, condición socioeconómica, ubicación geográfica, edad y discapacidad. Así como poder establecer medidas diferenciadas y concretas que permitan prevenir, investigar y sancionar la violencia, discriminación, agresión digital, represión y criminalización de personas defensoras.
Los Estados deben definir claramente cómo se articulará la implementación entre las entidades responsables a nivel interinstitucional, multiactor y territorial en cada país. Deben diseñar un sistema de seguimiento con indicadores cuantitativos y cualitativos, y asignar recursos concretos que hagan posible una participación temprana y sustantiva en igualdad de condiciones. Esto incluye: medidas de accesibilidad lingüística y cultural, formatos accesibles, apoyo a los viajes desde comunidades remotas, reconocimiento del trabajo de cuidados, medidas de protección e infraestructura y tecnología adecuadas.
La protección colectiva como principio.
Escazú debe reconocer formas colectivas de defensa, mecanismos comunitarios de protección y titulación de tierras como medida de prevención estructural de la violencia. Por lo tanto, la implementación del Plan de Acción sobre personas defensoras debe incluir mecanismos de protección que reconozcan las formas específicas de seguridad, curación y atención colectiva, respetando la autonomía de las personas, los sistemas de justicia comunitarios e integrando procesos de reparación colectiva dirigidos a las familias, comunidades y territorios afectados, no solo a los individuos.
Por otro lado, fortalecer los mecanismos regionales de protección también requiere incorporar consideraciones específicas en los espacios de participación, incluidas las Conferencias de las Partes, considerando evaluaciones de riesgo diferenciadas, puntos focales de protección y procedimientos claros para dar seguimiento a los incidentes reportados durante las sesiones.
Escazú nació de las luchas del pueblo. Sólo tiene sentido si vuelve a ellos.
Vale recordar que el principal motor del Acuerdo de Escazú reside en el pueblo de Abya Yala, en su capacidad de generar conocimiento desde la base, movilizar comunidades, dialogar, sostener procesos de resistencia, documentar y visibilizar situaciones de vulnerabilidad, así como promover cambios estructurales.
La implementación de Escazú debe ser en sí misma un ejemplo de que otro modelo de gobernanza es posible, uno que transforme las relaciones de poder que determinan quiénes toman las decisiones sobre los territorios, reconozca como legítimos los conocimientos ancestrales y la diversidad de actores políticos; vincula la protección de las personas defensoras con la seguridad en los espacios y territorios; y entiende que la justicia ambiental no puede existir sin justicia de género y justicia racial.
¡Sin mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes Escazú no sería posible!
