Un jurado de Nuevo México determinó este martes que la empresa de tecnología Meta debe pagar 375 millones de dólares por ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaron explotación sexual infantil.
Después de siete semanas de juicio, un jurado de Santa Fe, Nuevo México, argumentó que Meta, propietario de Instagram, Facebook y WhatsAppvioló partes de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del estado al ocultar peligros para los menores que utilizan sus plataformas.
Al conocer la resolución, un portavoz del Meta dijo a medios locales que no están de acuerdo con el veredicto y que apelarán la orden que les exige compensar al Estado con 375 millones de dólares.
En el proceso, la Fiscalía del Estado presentó como prueba una operación encubierta en la que creaba perfiles de menores en Instagram y Facebook, a través de los cuales rápidamente recibía contactos de adultos con contenido sexual.
Según los fiscales, estos resultados mostraron fallas en los sistemas de protección de la empresa y la facilidad con la que los depredadores potenciales podían localizar a los usuarios vulnerables.
El jurado también consideró probado que Meta disponía de información interna sobre los riesgos de la explotación sexual infantil y su impacto en la seguridad y salud de los menores, pero no adoptó medidas suficientes ni informó a los usuarios de forma transparente.
El caso se centró en el diseño y operación de las plataformas, concluyendo que la empresa priorizó el crecimiento y la interacción del usuario sobre la implementación de salvaguardas efectivas.
El caso de Nuevo México se produce en medio de una creciente presión judicial y regulatoria contra las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos por el impacto de sus plataformas en los menores.
Paralelamente, un jurado federal en California está deliberando un caso similar contra Meta y YouTube, centrado en si las empresas deben responder por daños relacionados con la seguridad infantil en sus plataformas.
Estos litigio Son parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en Estados Unidos.
