El Gobierno presentó al Congreso una modificación del Presupuesto General del Estado al 2026. El proyecto incrementa los ingresos en RD$40,978 millones y los gastos exactamente en la misma cantidad. El déficit financiero se mantiene en RD$280,575 millones. La decisión es clara. Cada peso adicional que ingresará al Estado se destinará a incrementar el gasto, no a fortalecer las finanzas públicas.
La modificación presupuestaria revela una concepción de política fiscal. Cuando el Estado recauda más de lo esperado, tiene una oportunidad de reducir el déficit, reducir la deuda o crear reservas para futuras contingencias. Ninguna de esas opciones fue elegida. El gasto volvió a ocupar el primer lugar.
La situación cobra mayor relevancia porque el proyecto también autoriza el uso de RD$21,147 millones de disponibilidad acumulada del año fiscal 2025 para financiar gastos en 2026. Sumados a los nuevos ingresos, el Gobierno tendrá disponibles adicionales más de RD$62,000 millones. Este monto habría permitido mejorar la posición fiscal del país y reducir la presión sobre la deuda. Se prefirió ampliar el gasto.
Hay, además, una contradicción difícil de explicar. El Gobierno impulsó la aprobación de nuevos impuestos con el argumento de fortalecer las finanzas públicas y preservar la estabilidad fiscal. Sin embargo, la primera modificación presupuestaria tras esta reforma destina la totalidad de los ingresos adicionales para ampliar el gasto. El ajuste no mejora la posición fiscal del Estado.
El destino de estos recursos tampoco ofrece la transparencia necesaria. De los RD$40,978 millones incorporados al presupuesto, RD$20,500 millones se concentran en el rubro denominado Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional. El proyecto no identifica con precisión los programas que se financiarán, los beneficiarios de esos recursos ni los resultados que se deben lograr. El Congreso no debería aprobar una asignación de esa magnitud sin conocer su destino específico.
El proyecto también reduce los créditos vinculados a la Administración de la deuda pública y reclasifica RD$2,000 millones del Ministerio de Educación, pasándolos de la línea de gastos a la línea de aplicaciones financieras. Ambas decisiones requieren una explicación técnica detallada. El Congreso debe determinar si estas modificaciones afectan la transparencia presupuestaria, el gasto educativo efectivo o la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Y presupuesto No se trata sólo de distribuir recursos. Define prioridades, revela la calidad de la gestión fiscal y refleja el compromiso del gobierno con la disciplina financiera.
El Congreso debe exigir respuestas antes de aprobarlo. Hay que conocer el destino de cada partida, los criterios utilizados para las reasignaciones, el impacto en la deuda pública y las razones por las que el espacio fiscal generado por los mayores ingresos y la disponibilidad acumulada no se utilizó para reducir el déficit. Aprobarlo sin esa información significaría renunciar a una de sus principales funciones de control constitucional.
