Efectivamente, cuidando de no comportarse como una maquinaria incondicional (suavización) a los designios del Poder Ejecutivo, como a veces ha sucedido de todas maneras, últimamente, esa gran mayoría parlamentaria del Partido Revolucionario Moderno, PRMlogrado en una buena pelea en las urnas, debe al mismo tiempo ser capaz de unificar criterios para sacar al país del dañino impasse en los procesos de aprobación legislativa que ya provocan un vacío inaceptable de ordenamientos jurídicos, siendo el mandato tan claro que les permitiría superar el déficit de normas jurídicas.
Una superioridad cuantitativa que, por sujeción a la legitimidad, compromete al perremeísmo a pactar votos en el primer poder del Estado por encima de disidencias menores cuando se trata de objetivos de alto interés nacional. Por otro lado, existe un precedente de que una mayoría de legisladores ha recurrido a extender las aprobaciones robóticas sin cuestionamientos y sin ahondar en el esclarecimiento de textos que llegaban desde Palacio con una orden superior de aprobarlos apresuradamente. Unanimidades selladas. Ni siquiera para las causas más apremiantes y justificables para la nación se deben ignorar los procedimientos ordinarios que eviten precipitarse a espaldas de la opinión pública.
La solución a la ausencia de disposiciones legales fundamentales, consecuencia de un desprecio por su importancia, no autorizaría celebraciones que auspicien contenidos ambiguos o defectuosos con imprevisibilidad sobre su impacto, lo que debe evitarse legislando a la luz del día con audiencias públicas, aprovechando un hilo de continuidad y rigor de la agenda para salvar los procesos de aprobación de prolongadas inacciones del Congreso que son los que, vistos retrospectivamente, son los más decisivos en la nociva obsolescencia de los marcos legales.
Es hora de mostrar homogeneidad en los procedimientos legislativos y sensibilidad hacia las prioridades de la nación, que incluyen superar otros rezagos que tienen a la República sin Código del Trabajo apropiado a los tiempos; con una Seguridad Social que no se corresponde con lo que es el mercado laboral hoy; una ley que afecta la libertad de expresión y que debe ser revisada y un marco regulatorio inaceptable para el DNI, entre otros incumplimientos perjudiciales.
