el presidente Luis Abinader ha endurecido su discurso contra la delincuencia, en un contexto marcado por un aumento de las actuaciones policiales contra personas identificadas como vinculadas a hechos delictivos y por la denuncia de más de 40 muertes en presuntos intercambios de fuego en el mes actual.
El lunes pasado, durante su participación en La Agenda Semanal, el presidente afirmó que las autoridades saldrán a buscar a las personas que han órdenes de arresto e instó a quienes se encontraban en esa condición a entregarse voluntariamente.
El comunicado se produce mientras distintos sectores han cuestionado algunos de los mensajes emitidos por el jefe de Estado respecto de la persecución a los llamados antisociales.
Él abogado El abogado penalista Wagner Rodríguez, consultado por el diario Hoy, consideró que la respuesta de Abinader refleja una política de firmeza encaminada a fortalecer la seguridad ciudadana y la autoridad del Estadoaunque destacó que la actuación de las autoridades debe mantenerse dentro del marco constitucional.
“Considero que la respuesta del presidente Luis Abinader ante la delincuencia refleja una política de firmeza encaminada a fortalecer la seguridad ciudadana y la autoridad del Estado”, Dijo Rodríguez.
El hombre de la túnica sostuvo que combatir criminalidad constituye una responsabilidad esencial de las instituciones públicas, pero advirtió que cualquier acción debe desarrollarse respetando la Constituciónleyes, debido proceso y derechos fundamentales.
“Una política eficaz contra la criminalidad debe buscar proteger a los ciudadanos, fortalecer las instituciones y garantizar que quienes infringen la ley sean llevados ante la justicia de acuerdo con las garantías que establece nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó.
Por su parte, el politólogo Belarminio Ramírez ubicó la postura del presidente en un escenario regional caracterizado, a su juicio, por el avance de la delincuencia en distintos países latinoamericanos.
Ramírez afirmó que las democracias con economías menos desarrolladas están siendo “sacudido por una fuerte ola de criminalidad” y consideró que el problema no responde sólo a la falta de normativa o de educación preventiva, sino también a la capacidad de las fuerzas del orden para enfrentar el fenómeno criminal.
«Él Estado La democracia está siendo puesta a prueba por la inseguridad, está siendo cuestionada por actores criminales que en la mayoría de los casos están conectados con el narcotráfico», afirmó.
El politólogo también afirmó que varios gobiernos de la región han optado por endurecer sus estrategias de seguridad ante el crecimiento de la delincuencia y afirmó que la posición asumida por Abinader es parte de esa tendencia.
“La postura del presidente Luis Abinader de endurecer la lucha contra la criminalidad es parte de una corriente de pensamiento que se pone en práctica en varios países de la Región y está dando buenos resultados”, afirmó Ramírez.
En sus declaraciones, el politólogo también sostuvo que los gobiernos enfrentan el desafío de reducir los niveles de inseguridad aún cuando esto implique, según su enfoque, tensiones con ciertas normas.
«Endurecimiento de las acciones para reducir la delincuencia es lo correcto y necesario. El Estado no debe permitir en ningún caso que la población caiga en el miedo por la inseguridad», afirmó.
Mientras tanto, el psicólogo Noel de la Rosa consideró correcta la medida anunciada por el Presidente de la República para endurecer las acciones contra la delincuencia, señalando que la seguridad es uno de los elementos fundamentales para las personas y que deben tener la sensación de que su vida no corre peligro.
De la Rosa explicó que el Estado tiene la monopolio de la fuerza y que corresponde al Gobierno utilizarla cuando sea necesario y con la intensidad requerida para responder a situaciones que amenacen la seguridad ciudadana. En su opinión, el fenómeno psicosocial que atraviesa el país requiere de una respuesta tanto correctiva como proactiva.
Sostuvo que la respuesta correctiva debe ser inmediata, porque, según afirmó, el sistema de justicia ha demostrado dificultades para ofrecer la respuesta procesal que demanda la situación. En ese sentido, indicó que el procedimiento debe contemplar la detención de quienes cometen delitos, su puesta a disposición de la justicia y la posterior aplicación de las medidas legales correspondientes.
El psicólogo también señaló que algunas personas víctimas de ataques o amenazas Optan por no presentar denuncias por temor a represalias de los presuntos delincuentes, situación que, a su juicio, contribuye a que la población exija una reacción inmediata de las autoridades.
De la Rosa consideró que las acciones anunciadas por el Gobierno buscan enviar una señal de que el control de la seguridad y el poder coercitivo corresponden al Estado y no a quienes actúan al margen de la ley.
Sin embargo, advirtió que se debe garantizar que estas medidas no conduzcan a abusos o a la aplicación de métodos violentos contra personas que no las merecen, considerando que ese podría ser uno de sus efectos secundarios.
El endurecimiento del discurso presidencial coincide con un mes en el que la Policía Nacional ha denunciado más de 40 personas muertas en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales.
