El Ayuntamiento del condado de Los Ángeles aprobó este miércoles una ordenanza para prohibir las perforaciones y el bombeo de petróleo en la ciudad, después de más de una década contra las petroleras y los riesgos de contaminación que afectan a miles de personas.
La ordenanza recibió votos unánimes del ayuntamiento “para prohibir la perforación de petróleo y gas y hacer que las actividades de perforación existentes sean un uso no conforme en todas las áreas”, según el documento.
Retiro gradual de 600 pozos activos
El plan eliminará gradualmente la producción durante los próximos 20 años en unos 600 pozos petroleros activos, así como en 1.200 inactivos.
Los Ángeles prohíbe nuevas perforaciones petroleras: ¿qué cambia con la medida?
El organismo municipal cree que “las comunidades de primera línea y las comunidades de color han sufrido injusticias históricas causadas por la exposición a los conocidos peligros para la salud y la seguridad públicas de la extracción de petróleo”.
«Las actividades relacionadas con las operaciones de extracción de petróleo y gas están asociadas con muchos impactos potenciales sobre la salud y la seguridad, especialmente cuando ocurren en las proximidades de usos sensibles, como escuelas, guarderías, centros de atención a personas mayores, centros residenciales para adultos, parques, hospitales o residencias”, añade el texto.
Esta medida, sujeta a la aprobación final de la alcaldesa, Karen Bass, se enmarca dentro de los objetivos del Ayuntamiento de alcanzar la neutralidad de carbono en 2035 y proteger la salud pública de los vecinos de los barrios adyacentes a las zonas de extracción.
Asimismo, esta lucha institucional contra la producción petrolera reactiva una orden del Ayuntamiento de Los Ángeles de marzo de 2022 que prohibía la perforación de nuevos pozos de petróleo y gas en la ciudad, y ordenaba la eliminación gradual de todas las perforaciones existentes durante los próximos 20 años.
A pesar de haber sido aprobada, la medida fue anulada en septiembre de 2024 por un tribunal, que concluyó que la ciudad carecía de competencias en materia de regulación estatal.
La firma de esta prohibición se produjo después de más de una década de solicitudes de las comunidades que albergan los pozos petroleros para que la ciudad tomara medidas.
Más de medio millón de residentes del condado de Los Ángeles viven a menos de una milla de un pozo petrolero activo.
