Él retraso dominicano Sobrevive porque mucha gente aprendió a vivir de ello.
Cada vez que el país intenta cerrar una deuda histórica, aparecen los mismos administradores del pantano. Algunos quieren paralizarlo todo. Otros quieren blindarlo todo. Casi siempre hablan en nombre del pueblo, aunque el pueblo acaba pagando sus aplazamientos, sus cálculos y sus errores.
Eso vuelve a pasar con el nuevo. Código Penal. Quieren obligarnos a elegir entre dos absurdos: detenerlo del todo o aceptarlo sin tocar una coma. Como si este país sólo supiera moverse entre la parálisis y la terquedad.
El Código no es perfecto. Ninguna ley de esa magnitud lo es. Pero es posible. Y en República Dominicana lo perfecto suele ser la coartada limpia de quien ha hecho carrera dejándolo todo sucio.
Debe entrar en vigor.
La alternativa es continuar bajo un legislación penal de 1884, heredero del modelo napoleónico, nacido en un país que aún vivía guerras, anexiones, Restauración e inestabilidad. Pretender que esta arquitectura sea suficiente para enfrentar los crímenes modernos es una burla. Algunos llaman a eso prudencia. Yo lo llamo retraso.
Defender la entrada de este nuevo Código no significa tragarse artículos objetables. Si hay piezas sueltas se ajustan. Lo absurdo es hundir una reforma histórica porque algunos artículos requieren revisión.
El debate más visible es libertad de expresiony hay que ponerlo en su lugar. Nadie debería ir a prisión por delitos puramente verbales. Hay que proteger la crítica, la denuncia y el control del poder. Pero el chantaje, la extorsión, las amenazas, los montajes nocivos o el uso abusivo de las imágenes no son simples opiniones.
Si algún artículo amenaza con críticas legítimas, se corrige. Pero utilizar ese punto para arrastrar todo el Código a un aplazamiento indefinido sería volver al antiguo método dominicano: encontrar un problema real y convertirlo en una excusa para no solucionar nada.
Porque el Código no se trata sólo de medios o reputación. Se trata de víctimas, violencia, crimen organizado, abusos, garantías y responsabilidad penal en un país que ya no puede legislar como si viviera en el siglo XIX.
¿A quién le importa si seguimos atrapados?
No al pueblo. El pueblo no vive del desorden; sufre de ello. Quienes se sienten cómodos en instituciones débiles, procesos largos y discusiones que nunca llegan a concretarse, ganan.
El retraso no siempre es un accidente. A veces es método. Y cuando un método funciona para mantener todo igual, sus defensores siempre parecen dispuestos a llamarlo prudencia, consenso o institucionalidad.
La salida es sencilla, aunque aquí lo simple siempre parece una proeza: que el Código entre, que el Congreso revise lo realmente problemático, apruebe una ley modificatoria concreta y mantenga durante un año una comisión bicameral de seguimiento.
Ninguna feria caprichosa. Ninguna presión sectorial convertida en agenda nacional. No volver al punto cero para que todos puedan fingir preocupación mientras el país siga igual.
Las leyes no se prueban en los discursos. Se les pone a prueba en los tribunales. Allí verá qué funciona, qué falla y qué debe ajustarse.
Ante nuestras cámaras, muchas veces, hacer dos cosas al mismo tiempo parece demasiado pedir. Al final, respetar una ley aprobada y corregir lo que hay que corregir acaba convirtiéndose en histeria con empate.
Mandar no es enamorarse de lo aprobado. Mandar es ponerlo en movimiento y corregir sin arrodillarse ante el ruido.
Un país serio no paraliza su justicia por presiones.
Pero tampoco convierte sus errores en monumentos.
