El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduroy su esposa Cilia Flores Reiteraron este jueves ante el tribunal federal de Nueva York que no cuentan con recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico y afirmaron que están dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez lo solicita, para reforzar su pedido de desestimar la acusación.
Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Barry Pollack y Mark E. Donellymanifestaron en un documento enviado hoy al juez, en nombre de sus clientes, que, según la defensa, la Fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el Gobierno de Venezuela pague por su defensa.
Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que afirman no poder pagar a sus abogados y expresan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal así lo requiere.
Esta declaración, presentada ayer ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, llega apenas unos días antes de su próxima audiencia, prevista para el 26 de este mes.
Hasta ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que administra e impone sanciones económicas y comerciales, no ha autorizado al Gobierno de Venezuela a pagar a sus abogados, lo que, alegan en un documento enviado al juez federal Alvin Hellerstein, interfiere con el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal.
La OFAC ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde 2015 que buscaba presionar a Maduro para provocar un cambio político, y el Gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.
En el escrito, la defensa destaca que la negativa a permitir que Venezuela pague los honorarios legales viola la Sexta Enmienda de la Constitución de los EE.UU.., que establece el derecho a elegir la defensa, y la quinta enmiendaque protege el debido proceso.
Los abogados recuerdan también que la OFAC ha permitido en otras ocasiones que «un tercero sujeto a sanciones pague los honorarios legales de una persona también sancionada», algo que consideran incoherente con su caso.
También señalan que la propuesta del Gobierno de aceptar un defensor público «no es un remedio en absoluto»ya que se verían obligados a aceptar una defensa que no eligieron.
«Obligar a los acusados a aceptar un abogado de oficio que no es de su elección no es, por definición, una solución a la violación de su derecho a elegir su propio abogado», señalan.
Por esas razones, La defensa pide al juez Hellerstein que desestime los cargos por considerarlos un proceso «inconstitucionalmente defectuoso» o que celebre una audiencia para discutir el caso.
“El único recurso es el sobreseimiento, dado que este tribunal no puede permitir que el presente caso avance en violación de los derechos constitucionales del señor Maduro y de la señora Flores de Maduro”, indica el documento legal.
