Nuestro país enfrenta una paradoja. Mientras aumentan el sobrepeso, la obesidad infantil y las enfermedades asociadas a una mala alimentación, la legislación destinada a proteger la salud de los estudiantes sigue sin convertirse en realidad.
Él Proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar, Aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, busca establecer normas para garantizar una nutrición adecuada en los centros educativos, promover hábitos saludables desde la niñez y crear ambientes escolares libres de productos que afecten la salud de los niños. La iniciativa ha contado con el apoyo de organismos nacionales e internacionales vinculados a la nutrición y la seguridad alimentaria.
Sin embargo, el avance de esta legislación parece haberse ralentizado. Diversos sectores observan con preocupación que, cada vez que una normativa busca limitar la presencia de bebidas azucaradas, productos ultraprocesados o alimentos de bajo valor nutricional en las escuelas, surgen fuertes presiones económicas para impedir su aprobación o debilitar su contenido.
Esta no es una situación exclusiva de la República Dominicana. En numerosos países latinoamericanos, las industrias de bebidas y alimentos procesados han desplegado campañas de lobby para retrasar leyes como el etiquetado frontal, las restricciones a la publicidad o las regulaciones destinadas a proteger a los consumidores. población infantil. El argumento suele centrarse en la libertad de elección o el impacto económico en determinados sectores productivos. La pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿qué debe prevalecer, el interés comercial o el interés superior de los niños?
Las escuelas no son sólo espacios para la enseñanza académica; También son entornos donde se forman hábitos que acompañan a las personas durante toda su vida. Garantizar que los estudiantes tengan acceso a alimentos saludables es una inversión en salud pública y desarrollo humano.
Por tanto, es necesario retomar el debate sobre esta ley de manera responsable. El protección infantil debe ocupar una prioridad en la agenda nacional. Retrasar decisiones que mejoren la nutrición de miles de niños y adolescentes significa posponer beneficios que el país necesita para enfrentar los desafíos de salud relacionados con la nutrición.
Los legisladores responsables de hacer realidad esta ley deben entender que se trata del derecho de los niños a una alimentación saludable y de la necesidad de que la industria se ajuste a las nuevas exigencias de la ley y los tiempos.
Es oportuno aclarar que República Dominicana se ha quedado rezagada en la regulación de la alimentación escolar.
En la mayoría de los países del mundo y de nuestra región se ha regulado la venta de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas en las escuelas.
Francia, Emiratos Árabes Unidos, México, Chile, Costa Rica, Jamaica, Perú, España y Portugal Se encuentran entre los países que han regulado la venta de alimentos en las escuelas.
Francia fue el primero en prohibir las máquinas expendedoras de refrescos y snacks en todas las escuelas a través de la Ley de Salud Pública. En los Emiratos Árabes Unidos existe una directriz nacional unificada que prohíbe los refrescos, las bebidas azucaradas y las bebidas energéticas. En México, la Ley General de Educación prohíbe la venta y publicidad de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas dentro de las escuelas.
La cuestión no es si regular o no, sino por qué seguimos esperando. Si otros países lo han hecho, República Dominicana no tiene excusa para anteponer los intereses comerciales a la salud y los derechos de los niños.
