El informe más reciente de la Oficina Nacional de la Defensa Pública Una vez más pone de relieve la superpoblación de nuestras cárceles, un problema tan persistente que casi parece inevitable. A finales de 2025, las instalaciones penitenciarias albergaban a 23.270 personas, pese a tener capacidad para 16.357. Ya sabemos que el hacinamiento es una violación de derechos, pero es necesario resaltar que también constituye un problema de seguridad ciudadana y un problema económico. La precariedad dificulta la rehabilitación de los presos, aumenta el riesgo de reincidencia y desperdicia la oportunidad de desarrollar capacidades productivas en personas que, tarde o temprano, regresarán a la sociedad.
Cada año, miles de personas pasan por el sistema penitenciario, entre ellos muchos jóvenes. La aspiración debería ser que salgan con mejores capacidades para ganarse la vida, pero en las condiciones actuales muchos saldrán con las limitaciones que tenían al entrar, agravadas por el tiempo de prisión. En lugar de formación, la prisión puede degradar. Es un tanto comprensible que tanta gente esté convencida de que quien se adentra en el mundo del crimen no tiene remedio. Esta dimisión es tan lamentable como peligrosa. Para combatirlo, debemos demostrar que existen caminos reales hacia la recuperación.
En un valioso esfuerzo, el Infotep desarrolla programas de capacitación penitenciaria y ha certificado a miles de reclusos. Pero ¿por qué no pensar en una iniciativa mucho más ambiciosa, diseñada específicamente para desarrollar habilidades productivas entre los reclusos más jóvenes? ¿Por qué no ver la inversión en los presos como parte de una agenda de productividad y crecimiento? Podemos y debemos ir más allá de donde hemos llegado en ese camino. Una intervención que dé prioridad a los más jóvenes y a quienes delinquen por primera vez, ofreciéndoles alternativas antes de que consoliden una carrera delictiva, podría representar una inversión con un alto retorno económico.
