Por Henry M. Rodríguez
La trata de personas es uno de los delitos más atroces y dramáticos, con efectos devastadores para sus víctimas. Más allá de la explotación sexual y laboral, el alcance de la trata se ha extendido a la explotación infantil, el tráfico de órganos y otras formas de abuso que han ganado mayor visibilidad en las últimas décadas, revelando la multidimensionalidad de este problema. Aunque es un flagelo que afecta a personas de todo el mundo, América Latina ha demostrado ser particularmente vulnerable debido a una convergencia de factores sociales, económicos y políticos.
A nivel mundial, las estimaciones para 2022 revelan una cifra alarmante de alrededor 50 millones de víctimas de trata, lo que representa aproximadamente una de cada 125 personas en el mundo. Y en América Latina la situación no es menos preocupante, dado el constante aumento del número de víctimas detectado en las últimas décadas. Y a pesar de los esfuerzos realizados por varios países para erradicar la trata de personas, el desafío persiste.
El problema persiste porque hay factores estructurales como la pobreza, la desigualdad socioeconómica, la inestabilidad política y la corrupción que permean las instituciones y que han contribuido a la perpetuación de este ciclo de explotación. Además, la cooperación internacional es limitada y hay poca voluntad política, lo que ha dificultado la implementación de estrategias más integrales y efectivas para abordar este tipo de “esclavitud moderna”.
Una región vulnerable
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en América Latina la trata de personas se concentra principalmente en trabajos forzados y explotación sexual. Las mujeres representan casi la mitad de las víctimas, de las cuales el 87% son explotadas sexualmente, siendo más de una de cada diez niñas. Por su parte, los hombres representan el 57% de las víctimas del trabajo forzoso. La mayoría de los casos de trata en la región ocurren a nivel doméstico y el 90% afecta a personas de países sudamericanos o víctimas dentro de sus propios países.
Varios países latinoamericanos como Ecuador, Brasil, México y Colombia continúan funcionando como puntos de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, tanto con fines de explotación sexual como laboral, cuyos grupos más vulnerables siguen siendo los niños y adolescentes. La compleja situación económica y social de la región ha incrementado los niveles de vulnerabilidad de las personas ante la trata, siendo los perpetradores en su mayoría personas del núcleo familiar o del entorno social cercano a las víctimas.
La pobreza estructural de la región es uno de los factores determinantes, que actúa como el principal impulsor de la trata de personas. En muchas ocasiones, familias que viven en condiciones de extrema pobreza caen fácilmente en las trampas de los traficantes, quienes les prometen trabajos falsos o mejores oportunidades educativas para sus hijos. Entre los métodos de reclutamiento y sometimiento, los delincuentes incluyen el enamoramiento, las falsas promesas de mejorar la calidad de vida, la retención de documentos, las amenazas de denunciar irregularidades migratorias y el suministro de dinero, alojamiento o comida.
Las personas más vulnerables son víctimas fáciles de las redes de trata. Sin embargo, es un delito que no discrimina fronteras, edades ni estratos sociales, porque las situaciones de vulnerabilidad en los países latinoamericanos son transversales y convergen en una «tormenta perfecta» que reduce drásticamente las opciones de muchas personas, lo que lleva a ser explotado.
Países como Venezuela han experimentado crisis económicas y políticas que han obligado a millones de personas a huir en busca de un futuro mejor. Sin embargo, muchos de estos migrantes, al carecer de estatus legal o protección adecuada en los países de acogida, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad que facilita su explotación. Según la ONUDD, más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años, muchos de los cuales han caído en manos de traficantes que se aprovechan de su precariedad.
Desafíos para la respuesta institucional
Conscientes de la magnitud del problema, algunos países latinoamericanos han adoptado legislación que cumple con los estándares internacionales establecidos por la Protocolo de Palermo, principal tratado internacional para combatir la trata de personas. A su vez, se han conformado iniciativas como la Red Iberoamericana de Fiscalías Especializadas en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), una instancia de colaboración informal entre Ministerios Públicos en investigaciones transfronterizas. O incluso el proyecto Track4Tip, que ha intentado unir a varios países de la región en torno a esta problemática. Sin embargo, la lucha frontal contra la trata parece insuficiente.
En México, por ejemplo, aunque la legislación es sólida, los desafíos son enormes en términos de coordinación institucional y recolección de datos sobre las modalidades del delito. La situación es similar en otros países como Ecuador y Colombia, que han desarrollado programas ambiciosos, pero cuyo impacto real aún está por demostrar.
La corrupción dentro de las instituciones gubernamentales es otro obstáculo para la lucha contra la trata de personas. En varios países de la región, los funcionarios públicos suelen ser cómplices de las redes de trata. En otros casos, la falta de recursos, la escasa capacitación de las fuerzas del orden y la ausencia de una estrategia institucional coherente han contribuido a la perpetuación del delito.
La cooperación internacional, mecanismo esencial para combatir eficazmente la trata de personas, es otro desafío apremiante, al tratarse de un delito que trasciende fronteras. Ante este panorama, resulta prioritario establecer una estrategia integral, que no sólo aborde la creación y fortalecimiento de unidades policiales y fiscales especializadas para la prevención, investigación y atención a las víctimas, sino que también tenga un enfoque en la víctima, así como en cooperación interinstitucional efectiva, tanto a nivel nacional como transnacional, siguiendo las recomendaciones de la Quinto Diálogo Técnico sobre Trata de Personas.
Trata: un problema de todos
Se requiere voluntad política y un compromiso firme para que la trata de personas sea considerada una prioridad en la agenda pública. Se requiere una mayor asignación de recursos, una intensificación de las políticas públicas preventivas y un enfoque integral para abordar el desconocimiento generalizado sobre la magnitud y dimensiones de este delito.
Este no es sólo un desafío legal o policial. Esta es una crisis humanitaria que desafía a toda la sociedad y exige un cambio cultural, en virtud de la dignidad humana por encima del beneficio económico. Para lograrlo, es clave promover la conciencia colectiva sobre la importancia de erradicar este flagelo. Sólo con un compromiso decidido y una acción coordinada será posible evitar que los esfuerzos sigan siendo fragmentados e insuficientes.
