Donald Trump está reconfigurando la política económica y exterior de Estados Unidos con instrumentos comerciales, militares, financieros y culturales destinados a restaurar y asegurar la primacía de sus grandes capitales. La administración utiliza aranceles, presión diplomática, despliegue militar y poder financiero para proteger los intereses corporativos; al mismo tiempo, redefine la narrativa pública con un énfasis renovado en la soberanía, la cultura y la seguridad nacional.
Los aranceles vuelven a ser una herramienta central. La negociación con los países de la Unión Europea concluyó en un arancel base del 15% sobre los productos europeos, incluidos los automóviles, a cambio de mayores compras de energía estadounidense e inversiones directas en Estados Unidos. Esta política arancelaria busca reorientar las cadenas de suministro y atraer inversiones productivas, en línea con el lema America First. Al mismo tiempo, la administración promueve una expansión irrestricta de la producción de combustibles fósiles y desacredita agendas climáticas como la “cero emisiones netas”, que favorece a las grandes empresas energéticas y extractivas con intereses en los mercados globales.
El uso del poder militar y acciones de fuerza selectivas son parte de la estrategia. La administración ha liderado operaciones que han alterado los equilibrios regionales: la gestión del conflicto Rusia-Ucrania, el apoyo táctico y diplomático a Israel contra Palestina, operaciones de élite en Venezuela que han facilitado cambios políticos favorables a los intereses petroleros y el ataque militar a Irán en compañía de Israel. En Venezuela un resultado: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autorizó a Repsol, Eni, BP, Chevron y Shell a operar en Venezuela: extracción, refinación, transferencia de tecnología y acuerdos con PDVSA. El control de las reservas estratégicas de hidrocarburos constituye un objetivo geoeconómico explícito cuya captura implica beneficios directos para las corporaciones angloamericanas con capacidad tecnológica y financiera.
En el ámbito de la política interna y del discurso internacional, Trump ha enfatizado la centralidad del dólar y del sistema financiero estadounidense como pilares de la seguridad nacional. En su Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, 2025) sostiene que la supervivencia de la república está estrechamente vinculada a la continuidad “del sistema financiero y de los mercados de capitales líderes…, incluido el estatus de moneda de reserva global del dólar”. Esta posición explica las políticas que combinan estímulos internos (con fuertes aumentos del gasto militar y subsidios a sectores estratégicos) con medidas para preservar la liquidez internacional del dólar y la prevalencia de las instituciones financieras estadounidenses en los mercados globales.
El fortalecimiento militar va acompañado de cifras: la administración afirma haber impulsado una inversión de un billón de dólares en las Fuerzas Armadas y presiona a los aliados de la OTAN para que aumenten el gasto militar del objetivo tradicional del 2% del PIB al 5%. Esa demanda implica no sólo un rearme colectivo favorable a la industria de defensa estadounidense, sino también la consolidación de cadenas de suministro militares y tecnológicas dominadas por empresas estadounidenses. De hecho, la NSS combina el “ejército más poderoso y capaz del mundo” con recursos económicos y tecnológicos para ejercer influencia en teatros geopolíticos, y añade poder cultural como complemento para legitimar la estrategia.
La intervención discursiva en foros globales refuerza este marco. En Davos, Trump argumentó que la prosperidad occidental provenía de “nuestra cultura muy especial” y no de códigos tributarios, y pidió la defensa de esa cultura como base del liderazgo transatlántico. Esta narrativa cultural –la reivindicación del American Way of Life y la noción de libertad vinculada al mercado– sirve para validar políticas que priorizan la rentabilidad corporativa y la primacía financiera sobre las agendas multilaterales de consolidación fiscal o acción climática.
Este alejamiento de las recomendaciones de las organizaciones multilaterales es notable. El FMI, en su actualización de Perspectivas de la economía mundial (enero de 2026), insiste en la necesidad de “reconstruir las reservas fiscales” y avanzar en reformas para controlar la deuda y sostener el crecimiento. La política estadounidense se desvía del guión del FMI: el estímulo a través del gasto militar y el apoyo a los combustibles fósiles reemplazan las medidas de consolidación fiscal y las reformas estructurales. La administración incluso ha firmado la Orden Ejecutiva 14199, retirando fondos federales a numerosas agencias internacionales y ONG consideradas “contrarias a los intereses de Estados Unidos”, lo que reduce la capacidad de respuesta multilateral en áreas como el desarrollo, la salud y el cambio climático.
La combinación de intervenciones económicas, militares y culturales genera un modelo de acumulación y poder que favorece a un núcleo de grandes financieros y rentistas. Estos actores, estrechamente vinculados al Estado, obtienen beneficios directos: acceso preferencial a los recursos naturales (petróleo y gas), contratos de defensa, ventajas regulatorias y protección diplomática. La puesta en escena de conflictos controlados –desde sanciones y operaciones selectivas hasta alianzas estratégicas– estabiliza escenarios favorables para la inversión de estos grupos, incluso cuando la economía global experimenta bajo crecimiento y volatilidad financiera.
Internamente, la disputa cultural se intensifica. Las políticas y operaciones migratorias de la Oficina de Aduanas y Control (ICE) han provocado reacciones ciudadanas y movilizaciones locales, como en Minneapolis, donde se multiplicaron las protestas contra la presencia de la agencia. El choque también quedó patente en el terreno simbólico: el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en San Francisco, con la actuación de Bad Bunny que reclamó al América.
culturalmente diversa desde Tierra del Fuego hasta Alaska, fue objeto de críticas desde la Casa Blanca. Ese episodio refleja la tensión entre una narrativa inclusiva y multicultural –que reconoce a los pueblos indígenas, las migraciones y los mestizajes como parte del futuro humano– y la narrativa oficial que privilegia una versión tradicionalista y comercializable del carácter estadounidense.
La tensión entre un discurso de hegemonía cultural y la realidad económica subyacente es clave. El gobierno proclama baja inflación y crecimiento sostenido; Los datos oficiales muestran reducciones puntuales del índice de precios al consumo en determinados trimestres y aumentos de la producción de hidrocarburos. Sin embargo, el crecimiento mundial sigue siendo débil, la deuda pública estadounidense sigue en niveles elevados (más del 120% del PIB en términos brutos) y los riesgos financieros persisten. El compromiso con la primacía a través del gasto militar, el control de los recursos y la consolidación del poder cultural no elimina las vulnerabilidades macroeconómicas ni la necesidad de políticas fiscales y estructurales que promuevan la productividad y reduzcan las desigualdades.
