En un paso más hacia el fortalecimiento institucional, la ampliación de los servicios de justicia y la descentralización de la atención especializada en todo el país, la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Violencia Doméstica y Delitos Sexuales en San José de Ocoa.
El acto de puesta en funcionamiento del nuevo centro totalmente equipado estuvo encabezado por el titular de la Dirección Nacional contra Violencia de GéneroAna Andrea Camacho, en representación de la Fiscal General de la República, Yeni Berenice Reynoso.
El funcionario explicó que el nuevo centro responde al plan de fortalecimiento institucional que encabeza el fiscal general y busca acortar distancias para ofrecer respuestas oportunas y apoyo directo a las víctimas. Asimismo, enfatizó la importancia de lograr que los ciudadanos encuentren un sistema de justicia preparado para responder con la debida diligencia.
Reveló que en San José de Ocoa, Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 360 denuncias: 222 por violencia doméstica, 71 por violencia de género, 53 por delitos sexuales y 53 por delitos en flagrante delito.Cifras que muestran la urgencia de fortalecer las capacidades locales.
“Nuestro deber es garantizar que quien acuda al sistema de justicia siga encontrando una institución preparada para escuchar, orientar, investigar y actuar con la debida diligencia”, dijo Camacho.
Inauguración PGR UVG Ocoa
NO ES UN ASUNTO PRIVADO
Por su parte, el titular de la Fiscalía de Ocoa, Francis Valdez, valoró la apertura de la sede y enfatizó la responsabilidad del Estado para proteger a los sectores más vulnerables.
“La violencia de género no es un asunto privado; Es una violación de los derechos humanos que daña la dignidad, la integridad y, con demasiada frecuencia, la vida. El Ministerio Público en San José de Ocoa hoy tiene las herramientas y la firmeza para llevar cada caso hasta las últimas consecuencias”, afirmó Valdez.
El nuevo centro está ubicado en la calle Manuel de Regla Pujols número 20, en el sector de Pueblo Abajo, y ofrecerá asistencia a través de un equipo multidisciplinario integrado por fiscales instructores, médicos forenses, psicólogos forenses, abogados y trabajadores sociales.
Desde allí, las víctimas podrán presentar denuncias, recibir evaluaciones médicas y psicológicas y contar con acompañamiento legal durante todo el proceso.
El proyecto contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así como la coordinación interinstitucional del Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Ministerio de Salud Pública.


