Bajo la administración TriunfoLos funcionarios extranjeros que el gobierno estadounidense considera corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos.
Él Departamento de Estado toma medidas para cumplir los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral, y reafirmados en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre para defender la gobernabilidad democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico.
De conformidad con dicha declaración, en la que se comprometió a coordinar la sancionesdesignaciones y medidas financieras contra terroristas y criminales que socavan la seguridad, el estado de derecho y la democracia, el Departamento anuncia una nueva política de restricción de visas bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En esa orden, el Gobierno publicó la lista de funcionarios a los que Revocaron sus visas, de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú:
bolivia
Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
Albania Chane Caballero Saavedra, Juez Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer del Departamento de Santa Cruz.
Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz.
Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal en el Departamento de Santa Cruz.
Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.
Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.
Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional.
Iván Ramiro Campero Villalba, ex juez suplente de la Corte Suprema de Justicia.
Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, primer juez público mixto de instrucción en lo civil y comercial, de familia y penal de La Guardia.
Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana.
José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
Otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa, así como sus familiares, fueron excluidos en general de la posibilidad de obtener una visa.
Colombia
De conformidad con esta política, la Administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visa a dos ciudadanos colombianos y sus familias. El Departamento revocó las visas actuales de las siguientes personas y sus familias:
Euclides Antonio Torres Romero, empresario privado propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, semáforos y alumbrado público.
Martha Isabel Peralta Epieyú, senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
Ecuador
En el marco de esta política, la Administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visa a dos ciudadanos ecuatorianos y sus familias. El Departamento revocó las visas de los dos individuos afectados.
Perú
En el marco de esta política, la Administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visa a un ciudadano peruano y su familia. El Departamento revocó las visas actuales del siguiente individuo y su familia:
Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Tribunal Constitucional Especializado de Lima.
Información oficial indica que estas medidas de las restricciones de visa se adoptan de conformidad con el artículo 212 (a) (3) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)que prohíbe la entrada a aquellos cuyo ingreso o actividades propuestas podrían tener graves consecuencias adversas para la política exterior de los Estados Unidos.
El Departamento de Estado también está nombrando públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su participación en importantes actos de corrupción. Esta medida hace que Mariaca y los miembros de su familia inmediata generalmente no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos.
Mariaca, elegido en 2024 para un mandato de seis años como fiscal general durante la administración del presidente de extrema izquierda Luis Arce, y quien anteriormente se desempeñó como fiscal general de Santa Cruz, abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el tráfico de drogas y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia.
«Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las instituciones democráticas que Bolivia, como miembro del Escudo, trabaja para fortalecer. El mensaje del presidente Trump y el secretario Rubio es simple: los funcionarios corruptos y los criminales que protegen no son bienvenidos en Estados Unidos», dice el gobierno estadounidense.
