La declaración de la ley marcial por parte del presidente surcoreano, Yoon Suk YeolPara proteger el «orden constitucional» de lo que considera actividades «antiestatales», y de las que acusa al principal bloque de la oposición, el Partido Demócrata (PD) tiene tres precedentes en este país en los últimos cincuenta años.
Tras un golpe militar en 1961, Park Chung-hee fue elegido presidente en 1963 y reelegido en 1971.
Bajo su gobierno, Corea del Sur experimentó un crecimiento económico sin precedentes, el llamado «milagro del río Han», que impulsó su popularidad hasta principios de los años setenta, cuando empezó a decaer y decidió declarar la ley marcial en 1972 y aprobar un nuevo régimen autoritario. constitución que estaría vigente hasta poco después de su asesinato en 1979.
En mayo de 1980, el entonces presidente surcoreano, Chun Doo-hwan, ordenó la ley marcial y el ejército detuvo a líderes políticos clave de la oposición, se cerraron universidades, se prohibieron las actividades políticas y se restringió la prensa.
Esa imposición provocó el llamado levantamiento en la ciudad de Gwangju, a unos 330 kilómetros al sur de Seúl, donde se estima que el ejército mató a unos 600 civiles.
El 30 de noviembre de 2020, un tribunal surcoreano declaró culpable a Chun Doo-hwan de difamar a un testigo fallecido en relación con la masacre que el ejército llevó a cabo en la ciudad de Gwangju en 1980 cuando era jefe de Estado.
El tribunal del distrito de Gwangju respaldó el testimonio del testigo, un sacerdote que afirmó en unas memorias publicadas en 2017 que helicópteros dispararon contra civiles durante esa acción, y condenó a Chun, de 89 años, a ocho meses de prisión, con suspensión de dos años.
El ex dictador, una de las figuras más controvertidas de la política surcoreana, nunca admitió ninguna responsabilidad ni pidió disculpas por la masacre.
Más recientemente, en el verano de 2018, el general Lee Suk-koo intentó imponer la ley marcial mediante un plan propuesto por la inteligencia militar para poner fin a las protestas contra la expresidenta Park Geun-Hye en 2017, acusada de corrupción y que contemplaba el arresto de parlamentarios o la censura de los medios de comunicación.
Sin embargo, poco después, el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in, destituyó al citado general y ordenó la refundación de este organismo.
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