La Fiscalía venezolana tramita la solicitud de orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Miley -quien abrió «una investigación»-, por el «robo» del avión venezolano-iraní que estaba retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero, informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.
La institución «anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes realizan las diligencias pertinentes en el caso y tramita la orden de captura» también contra la secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad del país austral, Patricia Bullrich.
«“Esto, en las próximas horas, tendrá sus consecuencias en un tribunal competente aquí en Venezuela con las respectivas órdenes de captura en los órganos competentes correspondientes, porque esto no puede quedar impune”, dijo Saab, cuyas declaraciones fueron difundidas por el canal estatal VTV.
Explicó que, en el caso del avión, que fue “totalmente desmantelado” en Estados Unidos, según la legislación venezolana se cometieron los delitos de “robo agravado, lavado de activos, privación ilegítima de la libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”.
Por otra parte, Saab informó la designación de un “fiscal especializado en materia de protección de los derechos humanos para realizar las investigaciones correspondientes” contra Milei y Bullrich por “las acciones cometidas contra el pueblo argentino”.
«Podríamos estar asistiendo a graves violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes contra la humanidad», afirmó.
Al respecto, el fiscal, que calificó a Milei de “fascista” y “neonazi”, afirmó que Argentina aplica un “programa premeditado de violencia institucional” contra su población, y señaló al presidente del país austral como “el más feroz violador de los derechos humanos del continente” y como “un peligro brutal para todo el hemisferio”.
Este mes, la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de arresto contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y “otros líderes del régimen” ante “el agravamiento de la situación” tras las elecciones presidenciales en el país caribeño el 28 de julio.
