La arquitectura de seguridad en América Latina está experimentando una transformación debido a la consolidación y proyección transnacional de organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Se trata de modelos de gobernanza ilícitos y de alta complejidad técnica para la legitimidad institucional en territorios estratégicos. Según el diagnóstico brindado por especialistas en seguridad regional (InSight Crime, 2025), estas estructuras hoy operan capturando rutas logísticas y explotando vulnerabilidades en el tejido social.
Se trata de un fenómeno que tuvo su origen en el sistema penitenciario brasileño, que se convirtió en el núcleo de articulación y mando operativo de estas facciones. La superpoblación crítica, que afecta a más de 700.000 personas, ha permitido que las cárceles funcionen como incubadoras de lealtades y centros estratégicos de reclutamiento (Swissinfo, 2025). A partir de ahí, el PCC ha perfeccionado un modelo de gestión altamente centralizado y disciplinado, con una lógica corporativa que facilita su expansión hacia los sectores financiero e inmobiliario. Por su parte, la CV ha optado por una estructura de franquicia descentralizada que le confiere una notable resiliencia criminal en entornos urbanos fragmentados, como las favelas de Río de Janeiro (El País, 2025). Las facciones, en definitiva, han logrado adaptarse con agilidad a las presiones estatales, manteniendo su capacidad operativa incluso después de la captura de su liderazgo visible.
El ecosistema amazónico y la captura de corredores transnacionales
La proyección externa de las organizaciones criminales brasileñas responde a una necesidad imperativa de control de los corredores logísticos que conectan la producción andina con los mercados de consumo globales. Según investigaciones sobre la dinámica del crimen organizado en la región, su presencia operativa se ha consolidado en al menos 28 países, actuando como intermediario crítico en las cadenas de suministro de narcóticos, especialmente a través de corredores estratégicos como la cuenca del Amazonas y el río Solimões, que funcionan como arterias fluviales para vincular la producción de Bolivia, Perú y Colombia con masivos puertos de exportación.
En consecuencia, la diversificación de las economías ilícitas ha permitido a las facciones trascender el tráfico tradicional de drogas para dedicarse a la minería ilegal de oro, el robo de cargamentos y la extorsión sistemática. Las estimaciones indican que estas actividades mueven aproximadamente $273 mil millones anualmente en la región, lo que proporciona a los grupos criminales un poder financiero que facilita la infiltración en los niveles locales de gobierno.
Al mismo tiempo, la sofisticación tecnológica de estas organizaciones, que incluye el uso de drones para la vigilancia perimetral y la fabricación de armas mediante impresión 3D, evidencia una transición hacia modelos de innovación criminal igualmente desafiantes.
Hacia una reingeniería de la política de Estado y el fortalecimiento institucional
Es evidente la necesidad de adoptar políticas de Estado que prioricen la inteligencia financiera y el fortalecimiento de la justicia por encima del uso exclusivo y reactivo de la fuerza letal. La experiencia histórica muestra que las intervenciones militares aisladas suelen generar efectos colaterales que fortalecen a las milicias locales o reconfiguran el mapa criminal sin debilitar sus bases estructurales. Por tanto, una estrategia de contención eficaz debe basarse en la recuperación del control territorial a través de la presencia integral de las instituciones públicas.
Pero la seguridad no es exclusivamente un problema operativo. La hoja de ruta debe estructurarse sobre pilares que aborden la raíz del problema: el sistema penitenciario, la trazabilidad de los capitales y la cooperación multilateral.
El primer eje de actuación requiere una reforma profunda de los centros de internamiento para desmantelar los comandos intramuros. El Estado debe recuperar la autoridad en las prisiones, profesionalizando los órganos de detención y bloqueando efectivamente la comunicación de los líderes con sus redes externas.
En segundo lugar, fortalecer la inteligencia financiera es vital para sofocar la capacidad de operación de las facciones. La resiliencia del PCC y CV depende directamente de su flujo de caja; En consecuencia, la detección del lavado de dinero en el sector formal y en las nuevas plataformas tecnológicas es una prioridad existencial. El tercer pilar requiere la consolidación de una gobernanza fronteriza compartida en la Amazonía que trascienda los acuerdos diplomáticos tradicionales y establezca protocolos de patrullaje conjunto en tiempo real. Sólo a través de un control territorial efectivo y una presencia estatal que garantice servicios básicos a las poblaciones vulnerables será posible reducir el margen de maniobra de la gobernanza criminal.
En definitiva, la seguridad debe entenderse como una condición necesaria para la plena vigencia de la dignidad humana y el desarrollo social. La expansión del Comando Vermelho y del Primeiro Comando da Capital representa un síntoma de fallas institucionales acumuladas que sólo pueden resolverse mediante un compromiso firme con la transparencia y el fortalecimiento democrático. El objetivo estratégico hacia el inicio de la próxima década debe ser la restitución del Estado de derecho en cada territorio bajo
influencia criminal, asegurando que la soberanía nacional no sea reemplazada por el poder de facto de las multinacionales criminales. La contención del fenómeno analizado requiere de una visión de un Estado resiliente, coherente y, sobre todo, basado en la cooperación regional para enfrentar una amenaza que desconoce las fronteras nacionales.
