Durante su reciente almuerzo en el Grupo de Comunicación Corripio, el Ministro de Educación, Luis Miguel De Campsreferido a la Evaluación del Desempeño Docente 2025. Por razones comprensibles, gran parte de la conversación sobre el tema giró en torno a la capacidad del Ministerio para realizar los ajustes salariales acordados con la ADP en función de los resultados. Sin embargo, vale la pena recordar que la evaluación docente no es esencialmente un mecanismo para determinar incentivos, sino más bien un instrumento para mejorar la calidad de la enseñanza.
La lógica subyacente es que un proceso de mejora educativa comienza conociendo cómo enseñan los docentes e identificando dónde necesitan apoyo. La experiencia anterior, en 2017, dejó resultados que no tuvieron el seguimiento esperado. Se evaluaron alrededor de 60.000 docentes; de ellos, el 38,1% obtuvo una calificación insuficiente. Estos resultados demandaron programas de apoyo y desarrollo profesional que, según documentos oficiales, nunca fueron articulados. La evaluación debía repetirse tres años después, en 2020, pero no se hizo ni entonces ni en los años siguientes. El anterior ministro, Ángel Hernández, tiene el mérito de haber retomado una tarea largamente postergada, y el actual ministro tiene el mérito de haberla culminado finalmente, tras evaluar a más de cien mil docentes.
Con esos antecedentes, sería lamentable que todo terminara reducido a una discusión sobre dinero. El compromisos salariales Hay que cumplir, pero el mayor desafío es el educativo. Los resultados deben permitir identificar las principales fortalezas y debilidades del profesorado y, a partir de este diagnóstico, definir acciones específicas de formación y apoyo. El proceso tendrá verdadero sentido cuando la información obtenida se utilice para mejorar la enseñanza. Ahora tenemos una oportunidad que no debemos desperdiciar y, con suerte, la próxima evaluación no tardará diez años.
