El Gobierno ha destacado que la deuda, medida como porcentaje del PIB, se ha reducido significativamente respecto al nivel alcanzado durante la pandemia de la covid-19. Sin embargo, la comparación con 2020 debe hacerse con mucho cuidado: ese año fue absolutamente excepcional. La deuda del Sector Público No Financiero alcanzó el 56,6% del PIB debido a la pandemia, la caída de la economía y el aumento extraordinario de las necesidades de financiación.
En lugar de 2020, lo correcto es tomar 2019, el último año antes de la pandemia. Así cambia la fotografía: entonces la deuda representada alrededor 40,4% del PIB y para 2026 ronda el 48%. Por lo tanto, aunque ha disminuido considerablemente desde el pico de la pandemia, todavía está unos ocho puntos porcentuales por encima del nivel prepandémico.
Pero hay un problema aún más importante. He señalado en otro artículo publicado en esta página que el Gobierno no paga la deuda con el PIB. Lo paga con sus ingresos. El indicador deuda/PIB es fundamental para evaluar la sostenibilidad macroeconómica, pero para conocer la presión que ejerce la deuda sobre el presupuesto hay que prestar mucha atención a la proporción de ingresos públicos que se destina al pago de intereses.
En 2019, los intereses de la deuda absorbieron aproximadamente 20 de cada 100 pesos de los ingresos del Gobierno Central. Para 2026, esa proporción se acerca a los 24 pesos.
Y esa no es toda la historia. El Gobierno también realiza transferencias al Banco Central asociadas al proceso de recapitalización y al déficit cuasifiscal acumulado. Si sumamos estas transferencias –cuidado de no contabilizar dos veces los intereses de los bonos de recapitalización que ya forman parte de la deuda pública– obtenemos una medida más amplia de la carga financiera que soportan las finanzas públicas.
El resultado merece atención. En 2019, esta carga financiera ampliada representó aproximadamente el 22,9% de los ingresos públicos; para 2025 estaba cerca del 26%, y en 2026 podría rondar el 27%.
Esto significa que de cada 100 pesos que recauda el Gobierno dominicano, alrededor de 27 se utilizarían para pagar intereses y otras obligaciones financieras ligadas a la deuda y al Banco Central.
Ese indicador cuenta una historia diferente a la que revela la relación deuda-PIB por sí sola.
La comparación con la educación es aún más ilustrativa. Durante años, República Dominicana hizo un enorme esfuerzo político y fiscal para asignar alrededor de 4% del PIB a la educación preuniversitaria. Sin embargo, la carga financiera ampliada del Estado supera actualmente ese 4% del PIB.
En 2019, el gasto educativo superó claramente la carga financiera. Para 2024 prácticamente se habían igualado, y en 2025 la carga financiera superó el gasto realizado por el Ministerio de Educación. 2026 va por el mismo camino.
Estamos llegando, por tanto, a una situación en la que el Estado destina una cantidad superior a todo el esfuerzo fiscal realizado para educar a las nuevas generaciones sobre el coste financiero de su deuda.
Esto ayuda a explicar uno de los principales problemas estructurales de las finanzas públicas dominicanas: el costo financiero de la deuda está ocupando un espacio fiscal cada vez mayor, mientras que el espacio disponible para construir el futuro es reducido.
El Gobierno también ha indicado que el país no debería afrontar dificultades para refinanciar los vencimientos en los próximos meses. Pero una cosa es refinanciar y otra resolver.
Cuando un bono vence y el Gobierno emite otro para pagarlo, es posible que haya resuelto satisfactoriamente una necesidad de liquidez. Pero la obligación persiste y, dependiendo de las condiciones financieras internacionales y de las tasas a las que se refinancia, su costo incluso puede aumentar.
Si bien la capacidad de refinanciar es una señal importante de confianza del mercado, no constituye en sí misma una prueba de mejora fiscal.
El verdadero desafío aparece cuando las tasas de interés crecen más rápido que los ingresos públicos, como está sucediendo. La proporción de recursos fiscales comprometidos aumenta entonces antes de que el Gobierno pueda decidir cuánto asignar a educación, salud, seguridad, infraestructura o protección social. Este riesgo se vuelve particularmente importante cuando, como ocurrió en 2025, los ingresos tributarios crecen muy por debajo del PIB nominal.
La discusión sobre la deuda dominicana debería, por tanto, incorporar otros indicadores junto con el de deuda/PIB. Particularmente importantes son la relación interés/ingresos, la mayor carga financiera sobre los ingresos y la carga financiera sobre la inversión pública.
Juan Temístocles Montás
