el abogado penalista Carlos Salcedo Manifestó ayer que al justificar el “no lugar” a favor de Gonzalo Castillo en la legalidad de los millonarios recursos que habría recibido para la campaña electoral, por instrucciones de Donald Guerrero, y enviarlo a un juicio de fondo, la decisión del Juzgado Cuarto de Instrucción “carece de coherencia jurídica”lo que también es garantía del debido proceso.
Manifestó que si el traslado de recursos es parte de una narrativa fáctica (de la acusación del Ministerio Público), “la valoración de las pruebas debe ser igualmente consistente para todos los involucrados”, puntualizó.
El jurista se refirió al tema cuando fue abordado por este periodista.
el fracaso
El pasado viernes, el juez de la Instrucción Altagracia Rodriguezdictó auto de “no lugar” a favor de Castillo y José Ramón Peralta, quienes junto con Guerrero son los tres principales imputados en el caso, y envió a juicio a otras 34 personas involucradas.
Justificó su decisión a favor de Castillo afirmando que del análisis objetivo del hecho y de las pruebas aportadas, “resultó evidente que respecto de él, “no existen elementos probatorios suficientes para determinar con certeza fuera de toda duda, que se configura la calificación jurídica señalada por el órgano fiscal a los presuntos hechos cometidos respecto de los tipos penales…”.
Agrega que el diputado “no ha podido relacionar la conexión entre los presuntos fondos ilícitos obtenidos de la presunta red criminal con los depósitos y donaciones obtenidos por Castillo en su calidad de candidato presidencial para la campaña 2020-2024, ya que esta era una figura capaz de recibir fondos de carácter legal, por lo que es necesario aportar evidencia suficiente para distinguir estos fondos de aquellos que no fueron recibidos como lo establece la ley de partidos”.el juez concluye diciendo.
Pregunta obligatoria
Al respecto, Salcedo dijo que el derecho penal moderno se basa en la consistencia de los hechos y las pruebas, por lo que dijo, si la tesis del MP sostiene que los recursos entregados a Gonzalo fueron por instrucciones de Donald, «¿Cómo se puede afirmar la responsabilidad penal de quien supuestamente entrega los fondos y, al mismo tiempo, descartar la de quien supuestamente los recibe? No se trata de alegar culpabilidad sino de exigir coherencia jurídica»dijo el jurista entrevistado por este periodista.
La justicia no es selectiva
Manifestó que si el mismo hecho sirve para sustentar una acusación, “Debe examinarse con el mismo rigor cuando sus consecuencias favorezcan o perjudiquen a alguna de las partes”e hizo referencia al caso de Ángel Rondón, quien fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia (SCJ) en el caso Odebrecht, “porque se entendió que la acusación de cohecho no podía sostenerse sin identificar y probar quién o quiénes fueron sobornados”.
En este caso (Squid), la pregunta es similar: «Si la acusación del MP afirma que unos fondos fueron entregados por instrucciones de otra persona (Guerrero), ¿cómo es que la misma prueba es suficiente para favorecer a uno y no al otro?», preguntó.señaló.
